Corte de Apelaciones de Temuco

1º.- Que en la especie, aparece que en el fondo se responsabiliza a la reclamante por una autoría en una falsificación de boletas señaladas en la manifestación de cargos que le hace el Servicio de Impuestos Internos, es decir, faltar a la verdad en relación con las circunstancias y contenidos que debe consignar en las boletas o documentos que emite en función de las ventas que realiza.

Por otro lado, la conducta ilícita que se le achaca es hacer en el original de algunas boletas una manifestación contraria o distinta a las que se consignarían en los duplicados de esas boletas, duplicados que no existen, o de existir, no fueron acompañados a los antecedentes, atendida la naturaleza de los servicios prestados, en otras palabras, aquellos duplicados no estarían conformes con las boletas originales.

2º.-Que, en verdad, existe un peritaje que se realizó a las doce mil boletas emitidas por la contribuyente, detectándose sólo ochenta con irregularidades y se indican en ese peritaje la forma, naturaleza y modalidades de la adulteración denunciada, único elemento útil que se debe considerar para establecer la efectividad de lo ilícito denunciado, utilidad que carece, en definitiva, de sustentabilidad por no existir los duplicados respectivos para hacer la comparación que conduzca a establecer la adulteración detectada.

No basta el “ojo adiestrado” del funcionario para lograr lo anteriormente expuesto.

3º.- Que la sentencia apelada determina que la diferencia detectada y sobre la base de la cual se impone la multa sancionatoria, es la suma de $ 1.355.800, pero no existe razonamiento alguno que lleve a esa conclusión, salvo lo expuesto por la denunciante, y tal como lo sostiene el apelante en su escrito respectivo, el hecho del que se da cuenta y que el sentenciador tributario da por acreditado es “no otorgar en la forma exigida por la ley las boletas de venta entre los folios 118751 y 132250 de fechas entre el 01 de julio de 2010 al 31 de julio de 2010, al emitir los duplicados por el valor de la venta de combustibles y los originales por un valor inferior al que correspondía. Diferencia detectada $ 1.355.800”, hecho del cual se desprende que todas esas boletas presentarían irregularidades y no sólo algunas.

4º.- Que tal como se indica en la consideración duodécima del fallo en alzada, la carga de la prueba corresponde al Servicio de Impuestos Internos, quien debe acompañar a la denuncia todos aquellos que la funden con el fin de revertir la presunción de inocencia que ampara al contribuyente y coincidiendo con esa argumentación en cuanto al derecho administrativo sancionador deben aplicarse los principios inspiradores del orden penal.

5º.- Que en ese orden de cosas, entonces, la presunción de inocencia que favorece a la contribuyente reclamante debe ser destruida por el Servicio de Impuestos Internos para lo cual requiere que la prueba inculpatoria sea suficientemente apta para convencer al tribunal, más allá de toda duda razonable, de la existencia de la infracción y, luego, de la participación culpable de la reclamante en esa infracción, y en el caso sublite los antecedentes probatorios aportados por la reclamada no tienen esa suficiencia para concluir, en forma inequívoca, que existió la infracción y que en ella le cupo a la reclamada una participación que debe ser sancionada.