Servicio de Impuestos Internos con Eduardo Matamala Muñoz

Se reproduce la sentencia en alzada, citas legales y considerandos.

I. EN CUANTO AL RECURSO DE APELACION DEDUCIDO POR EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS:

PRIMERO: Que, el Servicio de Impuestos Internos dedujo recurso de apelación en contra de la sentencia dictada en estos antecedentes por el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de Los Ríos, de fecha 16 de enero de dos mil trece, escrita de foja 246 a 264, que acogió parcialmente el Acta de Denuncia Nº 05, de fecha 28 de septiembre de 2012. Sostiene en síntesis, que el Acta de Denuncia de autos, fue confirmada por el Tribunal, respecto de las facturas N° 005736, de Septiembre de 2009; N°005762, de Octubre de 2009; y, N°005766, de Noviembre; todas a nombre del proveedor Lino Cortes Muñoz; facturas N° 000157, de Diciembre de 2009; N°000159, de Enero de 2010; y, N°000164, de Agosto de 2010; todas a nombre del proveedor Inversiones Angkor Limitada; y factura N° 000306, de Mayo de 2010; N°0000317, de Junio de 2010; y, N° 000320; todas a nombre del proveedor Patricio Rolando Vásquez Fuentealba. Sin embargo, el Tribunal dejo sin efecto el acta de denuncia mencionada, respecto de las facturas N° 000195, de Marzo de 2010; y, N°000220, de Octubre de 2010; ambas a nombre de Luis Alberto Brissio Comercializadora de Productos; y factura N° 000248, de Febrero de 2010, a nombre de José Miguel González Zúñiga. Al respecto, refiere que no comparte los fundamentos por los cuales el Tribunal a quo arriba a la decisión de dejar sin efecto el Acta de Denuncia –con respecto a las facturas antes señaladas-, causando con ello un perjuicio a las pretensiones del ente fiscalizador. Aclara que la norma que se aplica para este caso, es aquella contenida en el artículo 97 N° 4 inciso 2, cuyos elementos del tipo son la existencia de un sujeto activo, esto es, que se trate de un contribuyente del Impuestos a las Ventas y Servicio o contribuyente de otros impuestos sujetos a retención o a recargo, lo que estima se logró acreditar conforme al merito del proceso. Asimismo, el tipo exige la realización maliciosa de las maniobras que se sancionan, lo que conforme a la doctrina implica que la malicia debe estar encaminada a aumentar el verdadero monto de los créditos o imputaciones que estos contribuyentes tienen derecho a hacer valer en relación con las cantidades que deben pagar, la que en el caso de autos, resulta manifiesta, atendida la reiteración sistemática del denunciado en este tipo de actos, los montos comprometidos y su propia naturaleza. Por último, refiere que se requiere, además, la presencia de maniobras tendientes a aumentar el verdadero monto de los créditos o imputaciones que tengan derecho a hacer valer, en relación con las cantidades que deben pagar, lo que conforme a la doctrina, implica que esta norma esta concebida para evitar la alteración del crédito fiscal en el IVA, dado que por dicha vía los contribuyentes del referido tributo pueden llegar a pagar menos impuestos que los correspondientes, cuyo caso típico es precisamente la imputación de facturas falsas. En relación a las facturas supuestamente emitidas por Luis Alberto Brissio Comercializadora Productos del Mar EIRL., reclama que no se apreciaron ni valoraron correctamente las pruebas y argumentos aportados por el Servicio de Impuestos Internos. Refiere sobre este punto que no resulta correcto sostener como lo hace el Tribunal a quo, que el Servicio no acompañó antecedente fidedigno alguno que dé cuenta de la falsedad de las facturas, toda vez, que para acreditar dicha falsedad se acompañó al juicio la “Cartilla SIIC” relativa al contribuyente y supuesto proveedor del denunciado, en la que consta que se trata de un contribuyente con domicilio en la ciudad de Castro y que tiene anotaciones negativas, siendo las más relevantes la anotación N° 42, la cual da cuenta de inconcurrencias a notificaciones practicadas por el SII; y la anotación N°45, la cual da cuenta de no haber sido ubicado en el domicilio que tiene registrado ante el SII. Por otra parte, refiere que se acompañó también el documento SIIC en que consta el historial histórico registrado por el contribuyente, recalcando que durante los períodos que corresponden al de la utilización de las facturas cuestionadas, quien figura realizándole el timbraje de la documentación es doña Sonia Miranda, quien se encuentra querellada por el Servicio de Impuestos Internos y formalizada por la comisión del delito contemplado en el artículo 97 N° 4 inciso final del Código Tributario, es decir, facilitación de facturas falsas, lo cual es un antecedente indiciario grave que junto con los otros antecedentes probatorios acompañados al presente juicio, dan cuenta de la falsedad de las facturas utilizadas por el denunciado, entre otros argumentos que reproduce en su presentación.

En segundo lugar, respecto de las facturas supuestamente emitidas por José Miguel González Zúñiga, hace presente que se acompañaron diversas pruebas, dentro de ellas un documento que da cuenta de la verificación de la factura impugnada, por parte de la X Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, en la que se informa que existe un doble juego de documentos y describe el documento verdadero de misma numeración emitido a un tercero por otro monto y fecha, sin embargo dicho documento no se encuentra firmado por el fiscalizador que realizó la verificación, razón por la cual el tribunal a quo le resta valor probatorio. Agrega, que igualmente se aportó al juicio la declaración jurada del señor González, quien afirma que no conoce al señor Matamala y que nunca ha realizado operaciones con él. Además, en dicho documento ratifica el hecho de haber emitido la factura verdadera de la misma numeración a un tercero. Sin embargo, señala al igual que el caso anterior, que el referido documento no se encuentra firmado, razón el tribunal no le otorga valor probatorio alguno. Sin embargo, esgrime que su parte solicitó mediante exhorto al Tribunal Tributario y Aduanero de Los Lagos, la declaración del testigo José Miguel González Zúñiga, quien a pesar de mostrarse llano a prestar su declaración, no pudo prestarla por razones labores, pues se encontraba prestando servicios fuera de su región, por lo que se hace imprescindible su declaración en segunda instancia. Indica, además, que el tribunal de primera instancia omite pronunciarse sobre la declaración prestada por el denunciado en sede administrativa, en la cual señala que no conoce al Sr. González, que no recuerda quien le entregó la factura, y que no recuerda a quien se la pagó, solo recuerda haberla pagado en efectivo, dichos que fueron ratificados por el denunciado ante el Tribunal a quo durante el término probatorio. Reclama igualmente que el Tribunal no se refiere y no pondera que no resulta verosímil que el denunciado trasladara su mercancía por medio de una camioneta con capacidad para 2.000 kilogramos, toda vez, que la factura supuestamente emitida por el Sr. González da cuenta de una cantidad de mercadería superior a los 2.450 kilogramos. Conforme a lo anteriormente expuesto, concluye que queda de manifiesto el hecho que las facturas dan cuenta de operaciones que nunca fueron realizadas, es decir, las facturas utilizadas por el denunciado son falsas, y fueron utilizadas por él con el único objetivo de aumentar maliciosamente su crédito fiscal y pagar un menor impuesto al que en derecho le correspondía. Solicita se revoque la sentencia de primer grado, en aquella parte que deja sin efecto el Acta de Denuncia N°5y, en definitiva se confirme en su integridad el Acta de Denuncia N°05 de fecha 28 de septiembre de 2012 y se condene al denunciado al pago de una multa ascendente al 300% del monto defraudado, o la sanción que esta Corte estime en derecho corresponda.

SEGUNDO: Que, en primer lugar, conviene consignar que en este procedimiento se persigue la aplicación de una sanción pecuniaria en contra del denunciado, lo que constituye una manifestación del ius puniendi estatal, por lo cual son aplicables los principios del Derecho Penal.

Sin embargo, como lo ha resuelto anteriormente esta Corte, y como bien lo consigna el juez del grado en el motivo décimo sexto de la sentencia apelada, “en materia sancionatoria administrativa si bien también son aplicables los principios que rigen en el Derecho Penal común, pues ambas son expresión del poder punitivo del Estado, es indispensable tener en cuenta, como lo ha considerado el Tribunal Constitucional, que en situaciones como la de estos autos no se está ante un caso de norma penal propiamente tal, de manera que “las exigencias de la legalidad penal han de ser matizadas pues ellas han sido establecidas en defensa de la libertad personal, bien jurídico que la Constitución cautela de manera más rigurosa que los demás”, (Tribunal Constitucional, Rol Nº 480-2006; 27/07/2006).Luego, si bien el denunciado tiene el derecho a la presunción de inocencia, en ningún caso es asimilable al estándar de convicción exigible en el procedimiento penal, en el cual el Tribunal solamente puede condenar cuando adquiere convicción más allá de toda duda razonable, ya que en dicho caso se trata de la aplicación de penas corporales. Tratándose de sanciones pecuniarias dichos principios admiten ser atenuados atendida la distinta naturaleza y gravedad de los bienes jurídicos cautelados y de las sanciones que en uno u otro caso son aplicadas” (Rol 1-2012Tributario y Aduanero).

TERCERO: Que, lo anterior trae como consecuencia, que la carga probatoria de acreditar lo hechos constitutivos de la infracción en materia sancionatoria tributaria corresponda al órgano fiscalizador, pues es aquel quien pretende la aplicación de la multa en contra del denunciado, de lo que se sigue que no rige en materia infraccional la regla general de “onus probandi” contenida en el artículo 21 del Código Tributario, según la cual el contribuyente tiene la obligación de probar con sus libros de contabilidad y demás antecedentes, en tanto sean obligatorios para él, la veracidad de sus declaraciones, estableciéndose así una presunción de inocencia, aunque atenuada, en favor del contribuyente que es perseguido infraccionalmente.