Cañoles R Juan con Servicio de Impuestos Internos Servicio de Impuestos Internos

Se reproduce la sentencia en alzada, en sus considerando y citas legales, con excepción de los motivos cuadragésimo sexto a cuadragésimo noveno que se eliminan.

PRIMERO: Que, el abogado don Germán Ricardo Aravena Triviño, abogado, en representación de la reclamante, dedujo recurso de apelación en contra de la sentencia dictada en estos antecedentes por el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de Los Ríos, de fecha 6 de marzo de 2013, escrita de fojas 125 a 143 vuelta, que rechazó el reclamo deducido por su parte en contra de la liquidación de impuestos Nº 75, de 27 de julio de 2012.

Sostiene en síntesis que el argumento principal del rechazo a la reclamación constituye “la falta de acreditación de los fundamentos de hecho del reclamo”. Señala que la sentencia en lo sustantivo acogió en todas sus partes las consideraciones, fundamentos y antecedentes que fundaron la reclamación de su parte, sin embargo estimó que debía rechazarlo pues su parte no habría acreditado la necesariedad de los gastos cuestionados, estando obligado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Código Tributario.

Refiere que su parte discrepa de dicha conclusión normativa, pues consta en autos que acompañó antecedentes documentales y entre ellos uno que explicaba en buena cuenta el origen de la posición asumida por el reclamado.

Añade que en el caso resulta que el artículo 21 del Código Tributario, que funda el razonamiento de la sentencia determina efectivamente que “corresponde al contribuyente probar con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley establezca en cuanto sean necesarios u obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deben servir para el cálculo del impuesto”, pero al mismo tiempo agrega que “el Servicio no podrá prescindir de las declaraciones y antecedentes presentados o producidos por el contribuyente y liquidar otro impuesto que el que de ellos resulte, a menos que esas declaraciones, documentos, libros o antecedentes no sean fidedignos”, ocurriendo en tal caso que –previo a los trámites contemplados en los artículos 63 y 64 el Servicio “practicará las liquidaciones o reliquidaciones que procedan, tasando a base imponible con los antecedentes que obren en su poder”, de modo que para conseguir “que se anule o modifique la liquidación o reliquidación, el contribuyente deberá desvirtuar con pruebas suficientes las impugnaciones del Servicio”.

Sostiene que de la norma transcrita puede concluirse que lo que diga o dice el contribuyente respecto de la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deban servir de base para el cálculo del impuesto, ha de tomarse por cierto y verdadero en todo caso.

Expresa que la certeza de lo anterior bastará sustentarlo con los documentos, con los libros de contabilidad y con los demás medios producidos por el contribuyente, esto es, “declaraciones, documentos, libros, o antecedentes” que sean “necesarios y obligatorios para él”, siempre que se declaren por el Servicio como no fidedignos.