Soledad Gaete Clavijo y Otros

Primero: Que, el abogado AA, por la parte querellante, Servicio de Impuestos Internos, dedujo recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Valdivia, de 28 de enero de 2014, en virtud de la cual se resolvió suspender condicionalmente el procedimiento a favor de los imputados XX, YY, ZZ, BB y EE, lo que provoca un perjuicio a las pretensiones del Servicio.

Explica que con fecha 3 de diciembre de 2013, presentó querella en contra de las personas señaladas, además de otros siete imputados, por el delito previsto y sancionado en el artículo 97 Nº 9 del Código Tributario, toda vez que al amparo de una aparente actividad económica lícita, como es la explotación de juegos electrónicos, los querellados desarrollaban una actividad ilícita en la práctica ilegal y limitada a ciertos actores que cumplen requisitos especiales previstos en la Ley de Casinos.

Indica que los querellados en su momento fueron formalizados en su calidad de autores de los delitos del artículo 277 del Código Penal y artículo 97 Nº9 del Código Tributario. Precisa que las penas aplicables a los referidos delitos son las de reclusión menor en cualquiera de sus grados y presidio menor en su grado medio, respectivamente.

Afirma que el Ministerio Público conforme lo previsto en el artículo 237 del Código Procesal Penal solicitó la suspensión condicional del procedimiento respecto de las personas señaladas, proponiendo las condiciones contempladas en las letras: e) Pagar a título de indemnización un tercio de una Unidad Tributaria Anual, así como disponer que el dinero que estaba en las máquinas tragamonedas sea remitido al Cuerpo de Bomberos de Valdivia; g) Fija domicilio y; h) autorizar la destrucción inmediata de las máquinas tragamonedas incautadas.

Expresa que su parte se opuso a la suspensión condicional del procedimiento y, en subsidio, para el evento que fuera desestimada dicha petición, solicitó postergar la destrucción de las máquinas tragamonedas hasta que se hubiese verificado el cumplimiento del período de observación, ya que ante un incumplimiento y revocación de la salida alternativa, no se contaría con la prueba material del ilícito.

Indica que el tribunal desestimó la petición principal, y acogió solo la petición subsidiaria.

Argumenta que la suspensión condicional del procedimiento no cumple los fines de economía procesal, pues no se evitará el juicio oral, el cual se va a realizar con más de la mitad de los imputados que no participaron en ella. Asimismo, sostiene que la aceptación del tribunal que decretó la suspensión condicional, parece más bien una “aceptación matemática”, lo que no comparte, ya que se deben considerar también la naturaleza de los hechos investigados, los bienes jurídicos lesionados, la disposición de querellante y la víctima, es decir la función del juez debe ir más allá de la mera constatación de los requisitos formales.