Cortes Navarro Pedro con Servicio de Impuestos Internos

En los antecedentes Rol N° 13763-16 de esta Corte Suprema, conocidos en primera instancia por el Director Regional Metropolitano Santiago Centro del Servicio de Impuestos Internos, por sentencia de fecha diecinueve de diciembre de dos mil catorce se rechazó, con costas, la excepción de prescripción y el reclamo interpuesto por el contribuyente Pedro Cortés Navarro contra las Liquidaciones N° 163 a 167 de 23 de julio de 2003 referidas a diferencias por impuesto Global Complementario de los años tributarios 1999, 2000 y 2001 y reintegro de impuestos por devolución indebida del artículo 97 de la Ley de Impuesto a la Renta por los años tributarios 1999 y 2000.

Impugnada esa decisión por la reclamante, la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de fecha doce de enero de dos mil dieciséis, escrita a fojas 180 y siguientes, la revocó en aquella parte que condenó a la reclamante al pago de las costas de la causa y en su lugar declaró que la liberaba de dicha carga; y la confirmó con declaración en el sentido de que los intereses moratorios que establece el artículo 53 del Código Tributario no se han devengado durante los períodos comprendidos entre las fechas en que se presentó el reclamo y la que lo tuvo por definitivamente interpuesto, así como el que transcurrió entre el proveído de las observaciones al informe del fiscalizador y la dictación de la sentencia definitiva de primer grado, vale decir, entre el 24 de diciembre de 2003 y el 8 de junio de 2009, en el primer caso, entre el 11 de diciembre de 2009 y el 14 de diciembre de 2014.

En contra de este último fallo la misma parte dedujo recurso de casación en el fondo, a fs. 198, que se trajo en relación por resolución de fojas 228.

Primero: Que por el recurso deducido se denuncia la transgresión de los artículos 8 Nº 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos , artículos 5 inciso 2º y 76 de la Constitución Política de la República; artículos 3 inciso 2º y 68 Nº 8 de la Ley 18.575; artículo 14 de la Ley 19.880; artículos 53 inciso 5º y 200 del Código Tributario , 160 del Código de Procedimiento Civil.

En cuanto al decaimiento alegado, explica que al momento de deducir el reclamo, su parte no podía saber que el señor Director Regional viciadamente delegaría sus funciones en un tercero ni que demoraría más de 11 años en tramitar el reclamo, dejándolo abandonado por más de cinco años. Si la causa hubiese sido recibida a prueba, su parte podría haber alegado el decaimiento en esa etapa, pero el Director Regional dictó fallo omitiendo tal trámite por recaer la controversia en materias de orden legal. Así, entonces, la inacción en estos autos ha sido culpa del Servicio de Impuestos Internos.

Sostiene que la decisión impugnada es errada por cuanto el decaimiento fundado en el abandono de la función administrativa es plenamente aplicable al Director Regional de Servicio de Impuestos Internos al resolver los reclamos interpuestos por los contribuyentes, sanción reconocida jurisprudencialmente cuando no se cumple con el deber de resolver en un tiempo prudente, el cual en la especie resulta ser 6 años por ser el plazo máximo de prescripción en el caso de contabilidad no fidedigna o dolo de parte del contribuyente o tres años en caso contrario, lo cual encuentra su amparo en el artículo 8 Nº 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos que consagra el derecho de toda persona a ser oída en un plazo razonable por un juez o tribunal competente para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden fiscal. Por su parte, el artículo 5 inciso 2º de la Constitución Política de la República establece el deber de respetar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana garantizados por los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes.

En cuanto a la prescripción, indica que la sentencia la rechazó no obstante darse todos los requisitos exigidos por el artículo 200 del Código Tributario, norma que también ha sido desconocida. La invocación al plazo de seis años que efectúa el tribunal amparado en que se habría probado que las operaciones de la sociedad Francano Shoes Limitada serían falsas, no es suficiente para imputar actuar malicioso a su representado, agregando que al respecto no existe antecedente alguno en el proceso. Por ello, sostiene que se han infringido el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil y las leyes reguladoras de la prueba al dar carácter de plena prueba a una presunción que carece de antecedente de apoyo y que ha permitido la ampliación del plazo de prescripción de 3 a 6 años.