Maria Fourcade Carmine con Servicio de Impuestos Internos

En estos autos Rol N° 1627-2013 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento de reclamación de liquidaciones tributarias iniciado por doña María Isabel Fourcade Carmine se dictó sentencia de primer grado el dieciocho de noviembre de dos mil once, que rola a fojas 292 y siguientes, en virtud de la cual se negó lugar a la nulidad por aplicación de la ley 18.320, se rechazó la prescripción alegada y el reclamo deducido, con costas.

Esta decisión fue recurrida de apelación por la contribuyente ya mencionada, a fojas 324, y revocada por la Corte de Apelaciones de Temuco con fecha diez de enero de dos mil trece, según se lee a fojas 413 y siguientes, decidiéndose en su lugar que se acoge la excepción de prescripción opuesta respecto de las liquidaciones 666 a 712 individualizadas en la sentencia que se revoca, dejando asimismo sin efecto la condena en costas impuesta.

A fojas 419 y siguientes, el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, dedujo un recurso de casación en el fondo respecto de la sentencia de segundo grado, que fue ordenado traer en relación a fojas 435.

PRIMERO: Que en el recurso interpuesto se indica como norma vulnerada el artículo único de la ley 18.320, así como los artículos 21 y 200 del Código Tributario , 21 , 30 , 54 Nº 1 y 97 de la Ley de Impuesto a la Renta, todos en relación con el artículo 19 inciso 1 ° del Código Civil.

Sostiene el recurrente que, en este caso, se dejaron sin efecto las liquidaciones practicadas por impuestos de diversa naturaleza, sin distinguir la heterogeneidad de los mismos, utilizando como único argumento que se habrían infringido las disposiciones de la ley 18.320, cuerpo legal que sólo limita las facultades fiscalizadoras del Servicio de Impuestos Internos respecto del IVA. Así, la sentencia atacada señala que el Servicio de Impuestos Internos citó al contribuyente mas allá del plazo que la ley citada prescribe, contado desde la recepción de los antecedentes entregados por éste, infringiendo el Nº 4 de su artículo único.

Sin embargo, las liquidaciones Nos. 681, 682, 683, 694, 695, 696, 709, 710, 711 y 712 tuvieron su origen en la objeción, sustentada en los artículos 54 Nº 1 y 21 de la Ley de Impuesto a la Renta, que el Servicio de Impuestos Internos efectuó al cargo a costos y gastos que el contribuyente realizó en la base imponible del impuesto a la renta de primera categoría y global complementario, amparado en facturas respecto de las cuales no se acreditó la efectividad de las operaciones, por adquisiciones que no corresponden al giro de la reclamante y que no son necesarias para producir renta. El resto de las liquidaciones anuladas tuvieron su origen en la objeción que el Servicio de Impuestos Internos efectuó al uso que el contribuyente hizo del crédito fiscal amparado en facturas falsas o no fidedignas y en adquisiciones de bienes y servicios que no guardan relación con el giro del contribuyente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 Nº 1 y Nº 5 de la ley de IVA.

Al haber resuelto como se ha hecho, los jueces de la instancia han desconocido que la objeción que se efectúa al uso del crédito fiscal de acuerdo a la normativa contemplada en el DL 825, origina también un efecto en el impuesto a la renta de primera categoría y global complementario, no porque dichos tributos estén ligados indisolublemente, sino porque todo contribuyente sujeto del IVA, al efectuar una adquisición de bienes o contratar un servicio, efectúa un gasto o desembolso que la Ley de la Renta le permite deducir de su base imponible, bajo ciertas y determinadas condiciones establecidas en el artículo 31. Si tales gastos son rechazados, el artículo 21 los considera retiros y el artículo 54 Nº 1 obliga al contribuyente a adicionarlos a la base imponible del impuesto global complementario, pero por ello no puede sostenerse que estén indisolublemente ligados jurídicamente unos con otros, ya que son tributos distintos, en que el hecho gravado, el sujeto del impuesto, el mecanismo de recaudación, el funcionamiento y los períodos abarcados son distintos. Uno grava las ventas y servicios y el otro la renta de las personas. Por ello, al haberse anulado lo relativo al IVA por aplicación de la ley 18.320, hacer lo propio con las restantes liquidaciones implica errores de derecho, porque tal interpretación ignora las diferencias entre uno y otro tributo, otorgando a la ley 18320 un efecto que va mas allá de su ámbito, sin dar razones que expliquen los fundamentos de derecho que vinculen a ambos impuestos. Esto, además de vulnerar el texto de la ley en el párrafo primero de su artículo único, también conculca lo dispuesto en el artículo 3 transitorio, que regula los eventuales efectos en los tributos a la renta, limitándolos a los años tributarios que menciona.