Tesoreria Regional de Atacama con Lingua Latorres ALDO.

En los antecedentes Rol C-596-2010 del Primer Juzgado Civil de Copiapó, la Tesorería General de la República solicitó pronunciamiento a la justicia ordinaria respecto de la excepción de prescripción opuesta por el demandado a la ejecución, desestimándose por sentencia de primera instancia dicha defensa y ordenándose seguir adelante con la ejecución, con costas.

Conociendo de la apelación deducida por el ejecutado, una sala de la Corte de Apelaciones de Copiapó revocó dicho fallo, acogiendo las excepciones de no empecerle el título y de prescripción. Contra esta última decisión el abogado don Marcelo Lagos Vodanovic, en representación del Fisco, deduce recurso de casación en el fondo en lo principal de fojas 101, ordenándose traer los autos en relación, tal como se lee a fs. 147.

Primero: Que por el recurso se denuncia, en primer lugar, la infracción del artículo único de la Ley N° 18.320 inciso 1 ° , en relación con artículos 132 , 200 y 201 del Código Tributario, por cuanto al decidir sobre la prescripción de la acción fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos y la acción de cobro del Servicio de Tesorerías, los sentenciadores no consideraron que el inciso primero de la ley citada fija su alcance sólo al impuesto al valor agregado, por lo que no son aplicables sus disposiciones en relación con el impuesto a la renta. Por lo mismo, respecto de esos impuestos el Servicio podía fiscalizar al contribuyente dentro del plazo de 3 años y 3 meses -ya que se practicó citación-, y de ello deriva que las liquidaciones de 12 de abril de 2008 han sido efectuadas dentro del plazo previsto por el artículo 200 del Código Tributario para la acción fiscalizadora. En cuanto a la acción de cobro, con las liquidaciones se interrumpió la prescripción conforme con lo prevenido en el artículo 201 N° 2 del Código Tributario, naciendo un nuevo período de tres años, dentro del cual se practicó el requerimiento de pago, el 18 de marzo de 2009.

En un segundo apartado, denuncia la transgresión de los números 1, 3 y 4 del artículo único de la Ley N° 18.320, en relación con artículos 132, 200 y 201 del Código Tributario, al no considerar que el ordinal tercero del precepto establece los casos en que los contribuyentes pierden los beneficios otorgados por ley, siendo uno de ellos aquel en que, dentro del plazo conferido por el N° 1 no se presenten los antecedentes requeridos por el ente fiscalizador. Añade que el Oficio Ordinario N° 87 demuestra que no hubo aportación de antecedentes en este caso ni hay pruebas de una prórroga del período para presentarlos, por lo que se aplica el número 3, y con ello la acción fiscalizadora no se ve afectada por las reglas de la Ley N° 18.320, y se acoge al régimen general del artículo 200 del Código Tributario, actuando la administración dentro de plazo, conforme precisó en el primer capítulo del recurso.

Finalmente, en subsidio de los anteriores episodios aduce la infracción del artículo único de la Ley N° 18.320, en su numerales 4, 1 y 3, en cuanto al cumplimiento de la citación, liquidación o giro dentro de los plazos establecidos en la ley, en relación con los artículos 132 , 200 y 201 del Código Tributario . Alude a que en el proceso de fiscalización hubo dos notificaciones, una de ellas el 3 de enero de 2005 y otra el 12 de abril de 2005, por lo que transcurrido un mes después de esta última se cuenta el plazo de seis meses para emitir una citación, liquidación o giro, y la citación se practicó el 14 de octubre de 2005. Señala que las actuaciones previstas en el N° 4 de la ley son alternativas, y con cualquiera de ellas se produce la interrupción del plazo de la acción de cobro, que ha sido ejercida dentro de ese lapso, según se indicó en el capítulo primero del recurso.

Señala que estos vicios tuvieron influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, ya que de no haber incurrido en ellos se habría confirmado la sentencia de primer grado. Por lo mismo pide que se invalide la sentencia impugnada y se dicte una de reemplazo que confirme la de primera instancia, con costas.

Segundo: Que la sentencia de segunda instancia, que revoca la de primer grado, deja constancia en su basamento segundo de los hitos de la fiscalización, en cuanto se practicó la notificación N° 26 al contribuyente el 3 de enero de 2005 para fiscalizar el período tributario enero a diciembre de 2004, que vencido el plazo no hubo respuesta de éste, por lo que se ingresó la anotación pertinente. Que el día 5 de abril de 2005 el recurrente presenta antecedentes en forma incompleta por lo que se asigna el caso a auditoría. Que en dicho proceso se practicó la Notificación N° 27 de 12 de abril de 2005 para que el contribuyente presente documentación del período marzo de 2002 a febrero 2005 dentro de un mes, la que tampoco cumplió, efectuándose una segunda anotación. Deja constancia el mismo considerando que se practicó la citación al contribuyente el 14 de octubre de 2005, en que además se le avisó de la pérdida de los beneficios de la Ley N° 18.320 y en atención que su respuesta fue tardía y a que presentó documentación incompleta, se emitieron las liquidaciones el 11 de abril de 2008 por impuesto al valor agregado e impuesto de primera categoría, impuesto global complementario y reintegro, todos del año tributario 2005, que se notificaron al día siguiente, añadiendo que los giros se efectuaron y notificaron el 26 de junio de 2008.