Asesorias Legales Cabello Letonja y Compañia Ltda/inversiones Valle Grande Ltda-de Castro Rivera Fernando

Primero: Que en conformidad con lo dispuesto en los artículos 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se ordenó dar cuenta de los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por los demandados contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó la de primera instancia que acogió la demanda de cobro de honorarios.

En cuanto a los recursos de casación en la forma:

Segundo: Que los recurrentes fundan sus arbitrios en la causal del numeral 5 ° del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación con su artículo 170 N° 4 , 5 y 6, puesto que, a su juicio, el fallo impugnado se aleja del mérito del proceso y de la prueba rendida para acreditar la obligación materia de autos.

Tercero: Que, respecto de los arbitrios invocados, procede tener en consideración que, como reiteradamente lo ha sostenido esta Corte, aquel vicio sólo concurre cuando la sentencia carece de las fundamentaciones fácticas o jurídicas que le sirven de sustento, mas no tiene lugar cuando aquéllas existen, pero no se ajustan a la tesis postulada por la reclamante, cual es la situación de autos. En efecto, en el caso bajo examen los recurrentes hacen descansar esta aparente omisión de motivaciones y conclusiones, específicamente, en la carencia de fundamentación y correcta apreciación de la prueba, y en la falta de exposición de los fundamentos necesarios para rechazar o aceptar un determinado medio de prueba, especialmente en lo que se refiere a la documental y confesional que especifican, aseverando que tal omisión conduce a tener por no establecida la existencia de la obligación.

En relación con este vicio, luego de examinada la sentencia de primer grado, que fuera reproducida por la de segundo, las argumentaciones que ésta efectuó y el tenor de los recursos, debe concluirse que aquél no se ha configurado puesto que, a diferencia de lo que se afirma en los libelos de casación, la resolución que contiene la decisión impugnada sí tiene las consideraciones de hecho y de derecho necesarias para arribar a la conclusión definitiva, siendo muy diferente que el contenido de las fundamentaciones del fallo no sean del agrado de los recurrentes y que no las compartan, puesto que ello no las transforma en inexistentes. De su lectura es posible advertir que analiza la prueba documental y confesional rendida, se efectúa su ponderación, se establecen los hechos de la causa, y se consignan las consideraciones de derecho que llevaron al tribunal a decidir en la forma en que lo hizo. En efecto, el fallo de primer grado en los motivos decimonoveno y siguientes, mantenidos por el de segundo grado, y este, en sus considerandos quinto a decimotercero, efectuaron un análisis de la prueba rendida, señalando expresamente los medios con los cuales tuvo por acreditados los hechos que estableció, salvando esta última cualquier inobservancia en que pudo incurrir la primera.

De lo razonado resulta posible sostener que lo que realmente se reclama por esta vía es, por lo tanto, la ponderación que los jueces hicieron de las diversas probanzas existentes en la causa, particularmente de la prueba documental y confesional, lo que desde luego no es materia del recurso de casación en la forma.

Asentado lo anterior aparece que el mayor análisis que pretenden los reclamantes sólo dice relación con las argumentaciones y conclusiones que conforman el planeamiento que han postulado, lo que importa, consecuencialmente, que sus alegaciones constituyen más bien una crítica -tanto a las motivaciones contenidas en el fallo como, igualmente, respecto a la forma como se valoró la prueba aportada- y no propiamente una fundamentación dirigida a comprobar y demostrar una o más inadvertencias, motivo por el cual no puede colegirse el error denunciado.