Fisco Tesoreria PROV. de Talcahuano con Lastra Parra Patricio Amadeo.

En estos autos Rol N° 19.375-2014 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento ejecutivo de cobro de obligaciones tributarias del Título V Libro III del Código Tributario, conocidos en primera instancia por el Primer Juzgado Civil de Talcahuano, con fecha trece de noviembre de dos mil doce, según se lee a fs. 17 y ss., se acogió la excepción de prescripción respecto del cobro de obligaciones por concepto de costas e Impuesto Global Complementario de que dan cuenta los folios N° 100602500, por $365.275 por concepto de costas; N° 100602490, por $32.015.230 por concepto de Impuesto Global Complementario, con vencimiento el día 30 de Abril de 2000; y N° 100602450, por $1.007588 por concepto de Impuesto Global Complementario, con vencimiento el 30 de Abril de 1999.

Apelada esta resolución por el Fisco, una sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, con fecha 28 de mayo del año en curso, como se lee a fs. 148 y ss., la revocó y, en su lugar, decidió que se rechaza, sin costas, la excepción de prescripción opuesta, ordenándose seguir adelante con la ejecución hasta el entero y cumplido pago de lo adeudado y sus accesorios legales.

Contra este pronunciamiento, la parte ejecutada dedujo recurso de casación en el fondo, ordenándose traer los autos en relación a fs. 170.

1° Que en el recurso de casación interpuesto se denuncian como infringidos los artículos 24 , 177 N° 2 , 200 y 201 del Código Tributario , 8 ° de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 5 ° de la Constitución Política de la República.

Explica el recurrente que en el procedimiento ejecutivo de autos se persigue por el Fisco el cobro de los giros N°s. 100602490 y 100602450, por concepto de Impuesto Global Complementario, y que el vencimiento del plazo legal en que debió efectuarse el pago de dichos tributos aconteció el 30 de abril de 1999 y el 30 de abril de 2000, respectivamente. Agrega que las liquidaciones N°s. 58 y 59 -emitidas por las diferencias determinadas de los impuestos ya aludidos-, fueron notificadas el 25 de abril de 2003, y reclamadas el 4 de julio del mismo año, dictándose fallo de primera instancia el 6 de mayo de 2009, de segundo grado el 28 de abril de 2011, y de casación el 20 de diciembre de 2012. Los giros, por su parte, tienen fecha 30 de julio de 2009, y el requerimiento de pago se efectuó el 21 de septiembre de ese año.

Refiere además que el artículo 8 ° de la Convención Americana de Derechos Humanos, que contiene un imperativo de juzgamiento dentro de un plazo razonable, fue irrespetado por los sentenciadores, así como el artículo 5 ° de la Constitución Política de la República, toda vez que al efectuarse el requerimiento de pago había ya transcurrido más de 9 y 10 años, respectivamente, desde la fecha en que debieron pagarse los impuestos. Por otra parte, tratándose de una obligación fiscal, y ante el silencio del legislador, aparece contrario a toda lógica que el contribuyente fuere requerido de pago pasados diez años desde el inicio del cómputo de prescripción, estando por años suspendido dicho cómputo según las reglas contenidas en los artículos 24 , 200 y 201 del Código Tributario, situación que no le resulta imputable jurídicamente al contribuyente, vulnerándose de este modo, el juzgamiento y resolución del conflicto dentro de un plazo razonable.

Luego de explicar el modo en que los errores denunciados influyen en lo dispositivo de la sentencia recurrida, termina el compareciente pidiendo su nulidad y, que en el fallo de reemplazo se confirme la decisión del magistrado de primer grado.