Inversiones Magnallor S.A. con Servicio de Impuestos Internos **

En los autos Rol Nº 24.076-14 de esta Corte, correspondientes a un procedimiento de reclamación en contra de Resolución N° 2.941, de 30 de abril de 2012, de la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos de Valparaíso, la contribuyente, Inversiones Magnallor S.A., dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que confirmó el fallo de primer grado que rechazó el reclamo, confirmando la Resolución.

Declarado admisible únicamente el segundo de tales arbitrios, como se desprende de fojas 369, se ordenó traer los autos en relación.

Primero: Que el recurso de casación en el fondo deducido se funda en el error de derecho cometido en relación a la forma en que se determina el costo tributario de la venta de derechos sociales originados en la transformación de una sociedad anónima, cuya relevancia deriva en que si el costo tributario es menor que el precio, resulta de ello una utilidad, en cambio, si aquél es mayor, conduce a una situación de pérdida.

Según plantea, la operación de reestructuración efectuada se ajusta a lo estatuido en el artículo 41 Nº 8 , 9 y 13 de la Ley de la Renta y a las directrices del propio Servicio de Impuestos Internos, expedidas en uso de las facultades interpretativas de su Director nacional, contenidas en la Circular Nº100, de 1975.

Se critica por el recurso la decisión de los jueces del fondo de reprochar a su mandante no haber acreditado ni explicitado las razones por las cuales disminuyó el valor de su inversión en Rentas Rapallo S.A., en circunstancias que ese hecho no fue cuestionado por la resolución reclamada y, al mismo tiempo, que pretenda acreditar pérdidas sustentadas en actos voluntarios celebrados con personas relacionadas. Al efecto explica que no es la voluntariedad del acto lo que originó las pérdidas, sino la trayectoria de Rentas Rapallo S.A. y sus malos resultados financieros, hecho que no depende de la voluntad de sus accionistas. Por último, la calidad de personas relacionadas que le imputa la sentencia no es tal, pues no se cumplen los supuestos que establece el artículo 17 Nº8 de la Ley de la Renta, que exige que quien enajena sea socio o accionista de la adquirente, cuyo no es el caso, acudiendo el fallo erróneamente a las relaciones de familia existentes entre socios y accionistas de personas jurídicas distintas.

Al señalar la forma en que los errores cometidos por los jueces influyeron en lo dispositivo de la decisión, plantea que ello condujo a que se confirmara la liquidación por medio de la cual se ordenó el reintegro de la suma de $106.162.110, que habían sido pagados a su representada por concepto de devolución de pagos provisionales por utilidades absorbidas, afectándose el patrimonio de su representada por la suma señalada.

Finaliza solicitando que se anule la sentencia impugnada y se dicte la correspondiente de reemplazo que se juste a derecho.