Aplicaciones Computacionales SPA con Servicio de Impuestos Internos

En estos autos Rol N° 24.303-2014 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento de reclamación de liquidaciones tributarias iniciado por Aplicaciones Computacionales SPA, se dictó sentencia de primer grado el treinta de diciembre de dos mil trece, que rola a fojas 171 y siguientes, en virtud de la cual se rechazó al reclamo, confirmando las liquidaciones N° 234 a 252 de 31 de julio de 2002 por concepto de Impuesto Adicional a la Renta de los meses que cita de los años 2009, 2010, 2011 y 2012.

Esta decisión fue recurrida de apelación por el contribuyente ya mencionado, a fojas 185 y, conociendo del recurso, la Corte de Apelaciones de Valparaíso con fecha uno de agosto de dos mil catorce, según se lee a fojas 259 y siguientes, la confirmó.

A fojas 266 y siguientes, la defensa de la sociedad reclamante dedujo un recurso de casación en el fondo respecto de la sentencia de segundo grado, que fue ordenado traer en relación a fojas 310.

PRIMERO: Que por el recurso interpuesto se denuncia la infracción de los artículos 5 y 7 del Convenio entre la República de Chile y la de Perú para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal, en relación a los artículos 19 y 20 del Código Civil; del artículo 58 Nº 1 , 59 , 74 Nº 4 de la Ley de Impuesto a la Renta en relación con lo establecido en el artículo 8 Nº 8 del Código Tributario y artículos 12 letra E Nº 7 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios; y de los artículos 21 , 26 , 34 y 60 del Código Tributario.

Indica, al efecto, que el convenio mencionado, en su artículo 5, conceptualiza los establecimientos permanentes como un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad, indicando los lugares que lo constituyen. Luego, en el número 3º, el convenio detalla otros supuestos de hecho que configuran un establecimiento de comercio, siempre y cuando las actividades tengan una duración superior a 6 meses. De esta conceptualización aparece, entonces, que se ha exigido por el convenio una permanencia en el tiempo y fijeza del lugar donde se pretende ejercer la actividad económica, por lo que se ha errado en la interpretación de la ley al dar un alcance diverso al que tiene en el caso en estudio, ya que la referencia a la permanencia de la sociedad peruana Avatar fue definida ya no en relación a la realización de sus actividades empresariales, sino que se concentra en el hecho que el domicilio de calle Pudeto 351 , oficina 16, es el de Aplicaciones Computacionales SPA (en adelante ACL) desde hace varios años, indicando que Avatar opera en el país como establecimiento permanente a través de ella, lo que resulta errado, ya que no existe una oficina, sucursal o fábrica que permita concluir la concurrencia del factor permanencia, para los fines del convenio, de la empresa Avatar.

Por lo expuesto, resulta evidente, en su concepto, que se debió considerar el artículo 7 del Convenio en la decisión de lo debatido, norma que establece la correcta aplicación impositiva a las actividades a través de un "beneficio empresarial", como siempre sostuvo su parte. Hace presente que la legislación chilena no define lo que debe entenderse por el referido instituto, de manera que su sentido ha de establecerse conforme a las normas de derecho común, recurriendo a su sentido obvio, conforme a lo cual se le puede conceptualizar como la ganancia que obtiene una unidad de organización dedicada efectivamente a la actividad generadora de tal ganancia. Por ello, para ser calificada como beneficio de una empresa, la ganancia ha de venir del ejercicio de una actividad realmente realizada por tal empresa, con los recursos humanos y materiales con que debe contar para ser tal. Por ende, si la empresa no realiza o ha realizado su actividad a través de un establecimiento permanente, los beneficios han de someterse a imposición en ese estado.

En este caso, la actividad se ha desarrollado en forma esporádica, sin constituirse como establecimiento permanente, por lo que los beneficios, utilidades y demás incrementos de patrimonio solo deben ser gravados con los impuestos de ese estado contratante y no del lugar donde realizó o prestó los servicios.