Fernando Valenzuela Carcamo con Servicio de Impuestos Internos

En estos autos rol N°2596-2010 el contribuyente, don Fernando Valenzuela Cárcamo, dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel de 11 de marzo de 2010, confirmatoria de la de primera instancia, dictada por juez tributario. Esta última resolución rechaza la reclamación deducida a fojas 183 contra la Liquidación Nº 868 de 25 de julio de 2006, por concepto de diferencias de Impuesto Global Complementario correspondientes al año tributario 2003, derivadas del rechazo del crédito fiscal impetrado por la sociedad "Importaciones y Exportaciones Gabyx Ltda", de la cual el reclamante era socio a la época en que se generaron los referidos tributos.

Primero: Que el recurso denuncia como errores de derecho la infracción de los artículos 21 , 26 , 125 N° 2 y 130 del Código Tributario , 23 N° 5 del Decreto Ley Nº 825 de 1980 y 54 de la Ley de Impuesto a la Renta, en relación con los artículos 21 inciso 1 ° , 30 , 31 N° 1 y 33 de esa misma ley.

El impugnante argumenta, en primer lugar, que el fallo censurado infringe el artículo 21 del Estatuto Tributario, por cuanto por una parte señala que no presentó pruebas suficientes para desvirtuar los cargos del Servicio de Impuestos Internos, en tanto que el laudo de primer grado hace expresa mención a la prueba documental que incorporó a los autos.

Hace presente que la causa inmediata de los tributos que se le imponen son las liquidaciones previas expedidas contra la sociedad "Importaciones y Exportaciones Gabyx Ltda", en la cual tenía participación social, por diferencias de impuesto a las ventas y servicios en los períodos comprendidos entre enero a agosto de 2002 y del impuesto a la Renta de Primera Categoría correspondiente al año tributario 2003.

Apunta que la vulneración se produciría desde que se le exige una carga legal que como persona natural no tiene, cual es llevar libros de contabilidad, obligación que sólo le compete a la sociedad.

Agrega que si bien la preceptiva señalada no establece la forma en que el juez tributario debe valorar la prueba, aunque lo haga fundado en las reglas de la sana crítica, no puede obviar los principios de la lógica y las máximas de la experiencia, como lo hace, al desechar sus alegaciones por tratarse de materias reglamentadas, estableciendo listas cerradas de medios de prueba que la ley tributaria no contempla, descartando a su paso los indicios o presunciones como medios probatorios.

En su concepto, si se hubiere valorado correctamente la prueba instrumental incorporada al proceso, se habría podido presumir la veracidad de las operaciones que el Servicio de Impuestos Internos objetó a la sociedad a la cual pertenecía.