Instituto de Normalizacion Previsional con Servicio de Impuestos Internos

En los autos Rol N° 26.905-2015 de esta Corte Suprema, sobre procedimiento de reclamación tributaria, deduce recurso de casación en el fondo, en lo principal de fojas 155, el abogado señor Rubén Gutiérrez Ayala, en representación del INSTITUTO DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL, contra la sentencia dictada el tres de septiembre de dos mil quince por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primera instancia que, a su vez, negó lugar al reclamo deducido contra las Liquidaciones N° 37 a 48, de 08 de agosto de 2005, por diferencias de impuesto único de segunda categoría no retenido en el año tributario 2004.

Se trajeron los autos en relación, tal como se lee a fs. 187.

Primero: Que por el recurso se denuncia, en primer término, la infracción de los artículos 1 ° , 3 ° , 7 letras c ) y ñ ) y 18 del DFL N°7, en relación con los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y 2 ° de la ley 18.575 . Sostiene que el Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos puede fijar y modificar las sedes, jurisdicciones territoriales y atribuciones del servicio sólo en razón del territorio; sin embargo, las Resoluciones N°34 y 35 aplicaron un criterio distinto, creando por la primera, la denominada Dirección de Grandes Contribuyentes, conforme con las facultades del artículo 3 °, y las letras c ) , h ) y n ) del artículo 7 ° de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos; mientras que la segunda, fijó su ámbito de competencia. Previene que la letra ñ ) del citado artículo 7 ° permite fijar y modificar la organización interna de las unidades, asignando el personal necesario, pero ello no puede originar modificaciones de planta y estructura del servicio.

Agrega que la nómina de grandes contribuyentes no fue establecida en función de criterios de territorialidad, sino otros que considera arbitrarios, como el monto de los ingresos en UTM, exportaciones, importaciones o la clase de operaciones. Así, estima que se ha usado un artificio para sustraerse del principio de legalidad, sometiendo al contribuyente a la jurisdicción de un ente no establecido ni autorizado en la ley, vulnerando los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, y el artículo 2 de la ley 18.575.

En segundo lugar, reclama la errónea aplicación del inciso 1 ° del artículo 21 de la ley 18.575 , artículos 31 y 32 sobre organización básica de los servicios públicos, al haber sido usados en la decisión del asunto a pesar de no ser pertinentes al conflicto, porque no se refieren a las funciones fiscalizadoras de competencia de la Dirección de Grandes Contribuyentes.

Explica que estas dos vulneraciones normativas sustentan el rechazo de la solicitud de nulidad de derecho público de la Resolución Exenta N°45, de 19 de noviembre de 2001 y de los actos administrativos fundados en ella, lo que incluye las liquidaciones reclamadas.

Luego, en otro orden de ideas, alega la transgresión de los artículos 47 , 65 N°5 y 83 de la Ley de Impuesto a la Renta, que prescriben que los contribuyentes del N°1 del artículo 42 que obtengan rentas de más de un empleador o pagador simultáneamente, deben reliquidar el impuesto del N°1 del artículo 43 por el período correspondiente y están obligados a presentar anualmente una declaración jurada de sus rentas, salvo en caso de realizar mensualmente la reliquidación. Asegura que la responsabilidad en el cumplimiento de estas cargas pesa sobre el agente retenedor, siempre que la retención efectivamente se haya hecho. En caso inverso, y teniendo en cuenta que el contribuyente sobre quien pesa la obligación tributaria es el pensionado, jubilado o beneficiario de la renta, la responsabilidad también recae sobre el obligado, según su parecer. Arguye que la liquidación coloca a la reclamante en la posición de repetir contra quienes deben soportar el gravamen, por el reembolso de los impuestos, lo que desvirtúa la función del organismo.