C/ Juan Andres Walker Bolados. QTE.: Servicio de Impuestos Internos.

En estos autos Rol N° 56.607-2005, proveniente del ex Décimo Juzgado del Crimen de San Miguel , por sentencia de trece de agosto de dos mil trece, a fojas 913, se condenó a Juan Andrés Walker Bolados, a sufrir la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, multa equivalente al cien por ciento de lo defraudado, junto a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, más el pago de las costas de la causa, como autor del delito reiterado contemplado en el inciso primero del artículo 97 N° 4 del Código Tributario, cometido en los años tributarios 2001 a 2003. Se determinó en la referida sentencia que la pena privativa de libertad la cumplirá efectivamente, por no resultar procedente otorgarle alguno de los beneficios de la Ley N° 18.216.

Luego de impugnada esa decisión, una sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, por sentencia de catorce de octubre de dos mil catorce, que rola a fojas 1060, rechazó el recurso de nulidad formal interpuesto por la defensa del acusado y confirmó la sentencia de primera instancia, con declaración que se concede al condenado el beneficio de la libertad vigilada, debiendo quedar sujeto al control y vigilancia de Gendarmería de Chile durante el tiempo de la condena.

Contra esa última decisión la defensa del condenado Walker Bolados, dedujo recurso de casación en la forma, por la causal novena del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal . Asimismo, dedujo recurso de casación en el fondo por la causal primera del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal . Por su parte el Servicio de Impuestos Internos, en calidad de querellante en estos autos, formalizó recurso de casación en el fondo sustentado en los numerales cuarto y séptimo del artículo 546 del referido cuerpo legal.

A fojas 1118 se ordenó traer los autos en relación.

PRIMERO: Que el primer capítulo relativo a la nulidad formal deducida por la defensa del condenado se sustenta en la causal del artículo 541 N° 9 del Código de Procedimiento Penal, estimando como motivo de invalidación el contenido en el numeral cuarto del artículo 500 del mismo texto legal.

Para sustentarlo sostiene, en primer lugar, la existencia de incongruencia entre la prueba invocada o enunciada y las pretendidas conclusiones. Afirma que el tribunal de segunda instancia confirmó una resolución en la que existe una absoluta discordancia entre la prueba que se invoca para dar por acreditados los delitos tributarios reiterados y las conclusiones a las que llega, existiendo dos considerandos -segundo y quinto- que resultan contradictorios, por lo que se anulan entre sí, toda vez que el primero de ellos refiere que de los medios de prueba rendidos no resulta posible adquirir la convicción en orden a que los fraudes tributarios se hubieren cometido, mientras que el segundo acápite estima dichos datos probatorios como antecedentes de cargo, dejando a la sentencia carente de fundamentos, debiendo haberse dictado resolución absolutoria.

Asimismo, existe en la sentencia impugnada una omisión del análisis de tres informes periciales contables -las pericia de los profesionales Sergio Araya y Miguel Morales y la diligencia conjunta de los peritos Jorrat, Araya y Morales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 del Código de Procedimiento Penal- resolución que sólo se refiere a ella de manera genérica ya que, de haberlas considerado, habría inequívocamente llegado a la conclusión de que no se podía acreditar perjuicio alguno al fisco y, en consecuencia, no se podría haber tenido por cierto los ilícitos tributarios por los cuales se dictó sentencia condenatoria, decisión confirmada por el tribunal de segunda instancia, la que mantuvo los vicios invocados.