Servicio de Impuestos Internos.

PRIMERO: Que comparece Jorge Gonzalo Torres Zúñiga, abogado, Subdirector Jurídico (S) y en representación del Servicio de Impuestos Internos, quien deduce recurso de queja en contra de las Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago doña María Soledad Melo Labra y doña María Rosa Kittsteiner Gentile y del Abogado Integrante don Ángel Cruchaga Gandarillas, en razón de haber dictado, en autos rol N° 8469-2012, la sentencia de dos de mayo de dos mil trece mediante la cual rechazaron la reclamación de ilegalidad deducida por su parte en contra de la Decisión de Amparo Rol N° C1028-12, de 26 de octubre de 2012, por la que el Consejo para la Transparencia acogió un Amparo por denegación de acceso a la información presentado por un ciudadano en contra del Servicio de Impuestos Internos y ordenó a este último entregar las resoluciones dictadas durante el año 2011 por las que condonó a Johnson's S.A. intereses y multas originados por deuda tributaria arrastrada por varios años, en las que conste el monto original de la deuda, las multas aplicadas anualmente, intereses moratorios anuales, fecha de origen de la deuda, saldos anuales y naturaleza del cobro.

SEGUNDO: Que -según expresa el quejoso- los jueces recurridos incurrieron en manifiesta falta o abuso grave al rechazar la reclamación.

En efecto, explica en un primer capítulo, y en cuanto se refiere al deber de reserva tributaria, que la interpretación que hacen los sentenciadores de él vulnera lo dispuesto en los artículos 19 y 21 del Código Civil , pues no se respeta el verdadero significado y contenido de dicha obligación conforme a su tenor literal. Indica que lo ordenado revelar es información calificada de reservada por el artículo 35 del Código Tributario , pues incluye el monto original de una deuda tributaria, y éste así como las pérdidas y gastos de Johnson's S.A. revelarían la cuantía de su renta, lo que está prohibido al Servicio de Impuestos Internos.

Explica que el deber en comento es tan absoluto que llevó a su parte a entregar la información de Johnson's a la Comisión Investigadora de la Honorable Cámara de Diputados sólo en términos estadísticos. Agrega que este deber de reserva constituye una garantía de resguardo de información personal, de suyo delicada, que los contribuyentes deben entregar a la Administración tributaria, quien sólo puede utilizarla para sus fines propios, y representa, además, una obligación para el Servicio de Impuestos Internos, con independencia del parecer del contribuyente, pues la norma no contempla excepción alguna en este sentido. Agrega que la prohibición de divulgación de que se trata recae sobre los funcionarios del Servicio que representa conforme a los artículos 61 letra h ) del Estatuto Administrativo y 40 letras c ) y d) de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos , y su vulneración así como la del deber de reserva tributaria puede ser penada incluso con la destitución, de acuerdo al artículo 101 N° 5 del Código Tributario , sin perjuicio de la sanción aplicable conforme a lo prescrito en los artículos 246 y 247 del Código Penal . Sostiene que, en estas condiciones, la falta o abuso consiste en que los sentenciadores no consideran que la información de que se trata está afecta al artículo 35 del Código Tributario y expone que el fallo nada dice acerca de lo alegado por su parte en cuanto a que la información ordenada entregar incluye datos tomados de declaraciones de impuestos presentadas por el contribuyente, lo que está prohibido al tenor del artículo 35 citado.

TERCERO: Que enseguida el recurrente manifiesta que los sentenciadores incurrieron en una segunda falta, consistente en que se desconoció la legitimación activa de su parte para actuar en la especie, pues sólo atendieron a que el contribuyente no se opuso al requerimiento de información, considerando que la reserva sólo es una garantía y no una obligación para ese Servicio.

Al respecto cita la sentencia dictada por esta Corte en los autos rol N° 9363-2012 que reconoce que, en su concepto, todo órgano público se encuentra legitimado, incluso constitucionalmente, para reclamar de ilegalidad en casos como el de autos, en resguardo de información amparada de reserva y cuya divulgación afecta derechos de terceros, incluso si éstos no conocieron la solicitud o la ignoraron.

Alega que se produce otra falta o abuso, pues los falladores indican que la información de que se trata no es reservada desde que el asunto tuvo amplia difusión pública, pese a que, según el quejoso, el Servicio de Impuestos Internos nunca ha revelado información de la señalada en el artículo 35 del Código Tributario.