Consejo de Defensa del Estado.

Primero: Que comparece Marcelo Chandía Peña, Abogado Procurador Fiscal de Santiago, en representación de la Contraloría General de la República, quien deduce recurso de queja en contra de los miembros de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Ministros señores Miguel Vázquez Plaza, Juan Manuel Muñoz Pardo y Tomás Gray Gariazzo (S), por haber incurrido en grave falta o abuso al dictar la sentencia de 1 de agosto de dos mil diecisiete, a través de la cual se acogió el reclamo de ilegalidad entablado por la sociedad Zañartu Ingenieros Consultores SpA en contra del señor Contralor General de la República por cuanto, a través del Oficio N°56.855 de 2 de agosto de 2016, deniega la solicitud de entrega de información presentada por la empresa. En su lugar, el Tribunal de Alzada decide que se deben proporcionar los documentos requeridos, consistentes en una serie de archivos y borradores donde constan las opiniones funcionarias relacionadas con la tramitación de la Resolución DGOP N°65, que fuera tomada de razón el 26 de mayo de 2016.

Explica el reclamo de ilegalidad que la señalada Resolución N°65, emitida por la Dirección General de Obras Públicas, aplicó a Zañartu Ingenieros Consultores SpA la sanción administrativa de suspensión por un año del Registro de Consultores . Enviado el acto para el cumplimiento del trámite de toma de razón, la empresa realiza dos peticiones, solicitando su representación.

Finalmente, la toma de razón se materializa el 26 de mayo de 2016.

Con fecha 27 del mismo mes y año, exige los antecedentes de tramitación de sus dos presentaciones y, posteriormente, copia de la bitácora de eventos relativos a la tramitación de la resolución, documento este último que le es entregado y da lugar al requerimiento de una serie de documentos que aparecen mencionados en ella como archivo y/o borrador u otra información , intercambiados por distintos funcionarios de Contraloría, en diferentes fechas.

A través del Oficio N°56.855 de 2 de agosto de 2016, el órgano contralor expresa su negativa a la entrega de la información solicitada, fundada en que la toma de razón no es un acto administrativo sino un trámite de control preventivo de legalidad, agregando que las acciones de los funcionarios que participen en la revisión del expediente no da lugar a actos administrativos que tengan el carácter de públicos, sino sólo a meras opiniones jurídicas que pueden o no ser consideradas por la autoridad.

Destaca la reclamante que la Contraloría General de la República no invoca ninguna causal de secreto o reserva contempladas en la Ley N°20.285, de modo que la información reviste el carácter de pública puesto que, si bien no se trata de actos administrativos, consiste en actuaciones mencionadas en la bitácora de tramitación que, según la primera respuesta, es un registro informático de uso referencial para este efecto.

Segundo: Que la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago razona que el trámite de toma de razón consiste en el ejercicio de un control de legalidad de carácter preventivo, que puede terminar en tres formas: a) en la toma de razón del acto; b) en la toma de razón con alcances; y c) en su representación. De esta manera, cualquiera sea la decisión que se adopte, ella es el resultado de una tramitación previa que se ve reflejada en la bitácora de eventos que forma parte de un procedimiento que termina con una decisión, cualquiera de las tres antes referidas.