Sudamericana de Metales Comercial LTDA. con Servicio de Impuestos Internos

En los autos Rol N° 31.398-2014 de esta Corte Suprema sobre procedimiento de reclamación tributaria, deduce recurso de casación en el fondo en lo principal de fojas 213 el abogado señor José Ignacio Azar Denecken, en representación de la reclamante SUDAMERICANA DE METALES COMERCIAL LTDA., contra la sentencia dictada el uno de octubre de dos mil catorce por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó el fallo de primer grado que negó lugar, con costas, a la reclamación impetrada contra las Liquidaciones N° 1 a 7 de 31 de marzo de 2009, por reintegro de devolución IVA exportador de los meses de noviembre y diciembre de 2006, marzo, abril, mayo y junio de 2007; y por reintegro de devolución de impuesto a la renta del mes de mayo de 2007, por no estar demostrada la efectividad de las operaciones que dieron origen a tales restituciones.

Se trajeron los autos en relación para conocer de ese recurso, tal como se lee a fs. 250.

Primero: Que por el recurso se denuncia, en primer término, la contravención del artículo 23 N° 5 de la Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios , en relación con los artículos 6 A ) N° 1 y 6 B ) inciso final del Código Tributario, el artículo 26 del mismo código y el artículo 19 A ) de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos . Señala al efecto que no basta que el Servicio afirme que las facturas son irregulares, sino que debe precisar los motivos por los cuales aquellas son consideradas indignas de fe, conforme dispone la Circular N°93, obligatoria para los Directores Regionales según prescriben los artículos 6 B ) del código del ramo y el artículo 19 A ) de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos . En ese sentido, sostiene que las facturas no pueden cuestionarse por situaciones intrínsecas de los proveedores, como el hecho de haberse deducido querella en su contra, más aún cuando fueron timbradas, cumplen con las obligaciones formales, se pagaron con cheque nominativo de la cuenta corriente del adquirente debidamente contabilizada, registrándose en el reverso el Rut del emisor de la factura y su número. Añade que la existencia de bodega no es una exigencia legal ni administrativa, y que las deficiencias en las guías de despacho no pueden reprochársele porque no fueron emitidas por la reclamante. Con ello, se le privó indebidamente del crédito fiscal a que tiene derecho.

En segundo lugar, reclama la infracción del artículo 23 N° 5 Ley de Impuesto a las Ventas y Servicios, en relación con el artículo 36 del mismo cuerpo normativo, ya que las facturas objetadas cumplieron con los requisitos para poder utilizar el crédito fiscal a través del procedimiento de devolución del impuesto recargado al adquirir bienes o utilizar servicios destinados a la exportación, de modo que las liquidaciones le privan indebidamente de un derecho.

Alega, además, la transgresión de las leyes reguladoras de la prueba, citando al efecto los artículos 21 del Código Tributario y 384 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 19 del Código Civil . Afirma que las pruebas aportadas no fueron ponderadas de acuerdo con el valor que les asigna la ley, precisando que la testimonial rendida cumplió con los requerimientos del artículo 384 citado para ser estimada plena prueba, sin que sea procedente descartarla por falta de imparcialidad, dado que no fueron tachados los testigos.

Finalmente, denuncia la vulneración del artículo 53 del Código Tributario, al no declararse la inexigibilidad de intereses por el período en que el proceso fue tramitado por juez tributario incompetente. Afirma que los intereses son procedentes cuando son consecuencia de la mora, lo que no ocurrió en el referido período, en que dicho retardo se originó en acciones del Estado, al permitir el conocimiento de un asunto litigioso ante un órgano incompetente.

Indica que estos errores de derecho tuvieron influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, al haber impedido que se tenga por acreditada la efectividad de las operaciones cuestionadas, lo que llevó a que no se revocara el de primer grado. Por ello solicita se invalide la sentencia recurrida y se dicte otra de reemplazo que acoja el reclamo, con costas.