SUC. Marino del Carmen Roco Rojas con Servicio de Impuestos Internos

En estos autos rol 3.399-2011 de esta Corte Suprema, sobre procedimiento de reclamación iniciado por el contribuyente, la Sucesión de Marino del Carmen Roco Rojas, ésta dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que confirmó el fallo de primera instancia, el que en su oportunidad resolvió rechazar parcialmente el reclamo en lo que se refiere a considerar bajas de la herencia los gastos incurridos en pagos de honorarios efectuados a tres sociedades de profesionales.

A fojas 176, se trajeron los autos en relación.

PRIMERO: Que por el recurso de nulidad sustantiva se denuncian como errores de derecho, la trasgresión de los artículos 1.700 y 1.702 del Código Civil, 346 y 384 del de Procedimiento Civil, 21 del Código Tributario y 4° de la Ley N° 16.271.

El primero en ser desarrollado es la infracción del artículo 21 del Código Tributario, norma que se estima vulnerada por el hecho de determinarse la improcedencia de las bajas a la herencia correspondientes a los pagos efectuados a la Sociedad de Profesionales Valdés Celedón Limitada, Sociedad del Villar y del Villar y a Luis Díaz Aracena y Compañía Limitada, que a juicio del recurrente se encuentran debidamente comprobados con los antecedentes acompañados al proceso, los que no fueron calificados como no fidedignos por la autoridad administrativa, lo que impide considerar una suerte de simulación en las bajas alegadas, de forma tal que el contribuyente dio cabal cumplimiento a las exigencias contenidas en la disposición ya citada.

Más adelante, se agregó que, además, se desconoció el principio de la buena fe tributaria en orden a determinar las bases afectas a impuesto de herencias y donaciones, siguiendo criterios dados por el propio Servicio de Impuestos Internos, no obstante lo cual igualmente desconoció su procedencia.

SEGUNDO: Que en cuanto a los artículos 1.700 y 1.702 del Código Civil, estos fueron vulnerados al desconocerse el valor probatorio que dichas normas le dan a un instrumento público y/o privado cuando cumplen con las exigencias allí señaladas, lo que se verificó en el presente caso.

Luego, respecto de las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, los artículos 346 y 384, la vulneración se produjo al no darse valor de plena prueba a los instrumentos acompañados que no fueron considerados, particularmente las escrituras públicas de adjudicación del mes de septiembre del año 2006 en donde se plasman las gestiones que las sociedades contratadas realizaron con motivo de la adjudicación, lo que legitima su remuneración, sin que el fallo discurra sobre aquello, lo que se extiende a las declaraciones de testigos prestadas en la causa, quienes dieron razón suficiente de sus dichos, declarando sin tacha sobre cada uno de los puntos de prueba fijados por la interlocutoria respectiva.