Rojas Zúñiga Jaime con Servicio de Impuestos Internos VII Dirección Regional Talca .

En estos autos Rol 3515-2018 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento de reclamación iniciado por el contribuyente Jaime Rojas Zúñiga, se dictó sentencia de primer grado el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete escrita a fojas 82 y siguientes, que acogió en parte la reclamación deducida en contra de las liquidaciones N° 107 a 118, de 26 de marzo de 2015, emitidas por la VII Dirección Regional Talca del Servicio de Impuestos Internos, que determinaban diferencias de Impuesto al Valor Agregado, respecto de los períodos tributarios noviembre de 2010, enero a marzo de 2011 y septiembre de 2011, septiembre y octubre de 2012; impuesto a la renta de primera categoría en relación con los años tributarios 2011 y 2012; y reintegro de pagos provisionales mensuales por los períodos de mayo de 2011, mayo de 2012 y mayo de 2013, dejando sin efecto las liquidaciones N° 107, 108, 111 y 114 a 118, y ordenando recalcular la liquidación número 109 al haberse acogido la prescripción respecto de la liquidación N° 108.

Apelada esta decisión por el Servicio de Impuestos Internos, la Corte de Apelaciones de Talca por sentencia de quince de diciembre de dos mil diecisiete, la revocó parcialmente, rechazando la reclamación en contra de las liquidaciones N° 107 y 108, al no dar lugar a la prescripción alegada por el contribuyente y en virtud de ello deja sin efecto la orden de recalcular la liquidación N° 109, confirmándola en lo demás.

A fojas 149 y siguientes, la abogada doña Carola Baeza Martínez, en representación del Servicio de Impuestos Internos, dedujo recurso de casación en el fondo respecto de la sentencia de segundo grado, que fue ordenado traer en relación a fojas 166.

Primero: Que por el recurso se denuncia la infracción de los artículos 21 del Código Tributario, 23 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, en sus N°s 1 y 5, ambos en relación al artículo 35 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Explica que la carga de la prueba recae en el contribuyente, quien tanto en sede administrativa como judicial debe probar el contenido de sus declaraciones y la efectividad de las operaciones que las sustentan, por lo que no puede bastar acompañar sólo una parte del respaldo documentario para cumplir formalmente con los requisitos establecidos por las leyes del ramo, debiendo acreditar la existencia real y efectiva de los hechos que las sustentan.

De lo anterior concluye, que una interpretación contraria haría inoficiosa la labor fiscalizadora encomendada el Servicio, por cuanto implicaría entender que más allá de procesar las declaraciones de impuestos en los términos que los contribuyentes dispongan, el organismo fiscalizador no podría efectuar ninguna clase de reparo respecto de lo declarado por ellos.

Arguye que en virtud de lo expresado, el artículo 23 N° 1 del Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios establece expresamente que el crédito fiscal sólo podrá utilizarse cuando se asocia el giro o actividad del contribuyente, y al no haberse acreditado por el contribuyente en la etapa de fiscalización ni en la judicial, la efectividad de la operación cuestionada, evidentemente no corresponde la utilización del crédito fiscal comprendidas en las facturas objetadas y que sirve para ese efecto, salvo los casos excepcionales que la misma norma regula, entre cuyas exigencias está precisamente la de comprobar la efectividad material de la operación y su monto.