Tesoreria Regional de Antofagasta con Tala y CIA.

En estos autos rol 6.801-2009, del Cuarto Juzgado Civil de Antofagasta, ingreso N° 358-2011 de esta Corte Suprema, sobre juicio ejecutivo de cobro de obligaciones tributarias de dinero, la ejecutada dedujo sendos recursos de casación en la forma y en el fondo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de dicha ciudad, que, en lo que interesa, rechazó el recurso de casación en la forma y confirmó, con costas del recurso, la de primer grado que resolvió desestimar la excepción de prescripción extintiva respecto del Formulario 21 , folio 0100966883, con costas.

A fojas 223, se trajeron los autos en relación.

I.- En cuanto al recurso casación en la forma:

Primero: Que el recurso de nulidad formal se asila en el literal cuarto del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 160 y 170 N° 6 del ordenamiento legal citado, en relación a la regla del N° 11 del Auto Acordado de 30 de septiembre de 1920, sobre Forma de las Sentencias, por haberse extendido la sentencia a puntos que no fueron sometidos por las partes a la decisión del tribunal, vicio procesal reparable sólo con la invalidación del fallo.

Explica que una de las excepciones opuestas por su parte fue la de prescripción extintiva, que fue desestimada en ambas instancias, quedando la cuestión controvertida determinada por la respuesta de la Tesorería Regional al evacuar el traslado respectivo que sostenía no haberse cumplido el término de prescripción por haber operado hechos constitutivos de ampliación, interrupción y suspensión de dicho plazo; de modo que la alegación se circunscribía a resolver favorablemente la excepción referida, desde que la ejecutante no acreditó las señaladas formas de alteración del cómputo del plazo.

Agrega el recurrente, que el tribunal de primer grado tuvo por cumplida la prescripción al señalar en su motivación 15° que el plazo de tres años comenzó a correr nuevamente desde el 14 de octubre de 2005; aun más, se estableció que la fecha de exigibilidad fue posterior a los hechos invocados por Tesorería y que la primera gestión efectuada por la ejecutante lo fue el 30 de junio de 2008, es decir, 8 años y fracción después de cumplida la prescripción.

Sin embargo, el tribunal decidió desestimar la excepción por una razón absolutamente ajena a la discusión y que el ejecutante ni siquiera insinuó, como lo es, la circunstancia de haber renunciado tácitamente a la prescripción, interpretación que los jueces de la instancia sostuvieron actuando oficiosamente con motivo de que una vez cumplido el plazo, la ejecutada solicitó el 18 de noviembre de 2009 la sustitución de un bien embargado administrativamente por otra especie.