Central de Abastecimiento Alimenticios LTDA con Servicio de Impuestos Internos

En estos autos Rol N° 3633-2010, juicio de reclamación de las Liquidaciones N° 797 a 802 de 1996, el Fisco de Chile ha deducido recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que revocó el fallo dictado por el Director Regional de la Dirección de Santiago Oriente del Servicio de Impuestos Internos declarando que las liquidaciones números 801 y 802 sobre impuesto al valor agregado y número 797 sobre diferencias de impuesto a la renta de primera categoría, año tributario 1991, se encuentran prescritas.

Primero: Que como primer capítulo de nulidad se sostiene que los sentenciadores han incurrido en error de derecho en la aplicación del artículo 21 del Código Tributario al invertir el onus probandi, contrariando la norma que señala que corresponde al contribuyente probar con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley establezca, en cuanto sean obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones o la naturaleza y montos de las operaciones que deban servir para el cálculo del impuesto .

Señala que de acuerdo al artículo en análisis resulta obligatorio para el contribuyente probar la veracidad de sus asertos en orden a acreditar la efectividad material de la operación sustentada con facturas falsas o irregulares; o alternativamente acreditar que se ha dado estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 23 del D.L. N° 825 para proceder a hacer uso del crédito fiscal sustentado en facturas falsas.

Afirma el recurrente que el error resulta evidente al estimar los jueces del grado que era el Servicio de Impuestos Internos el que se encontraba obligado a probar o acreditar que el contribuyente actuó a sabiendas o con conciencia de la ilegitimidad de su acción al efectuar declaraciones maliciosamente incompletas o falsas, dejando en consecuencia de aplicar el artículo 21 del Código Tributario.

Agrega que una vez efectuada la liquidación, por expreso mandato legal, es el contribuyente quien debe desvirtuar los cargos con pruebas suficientes y en el caso de autos tales pruebas no existen; por lo tanto, al no haberse demostrado por el contribuyente la efectividad de las operaciones comerciales sustentadas en las facturas irregulares o dignas de reparos, deben necesariamente producirse las consecuencias de orden tributario que la legislación del ramo contempla. Así, concluye, al invertir la carga de la prueba se ha incurrido en vicio de nulidad que debe subsanarse mediante la anulación del fallo recurrido.

Como segunda causal se plantea la infracción al artículo 200 del Código Tributario, norma que tiene íntima relación con el artículo 21 del mismo Código, pues dispone que el Servicio podrá liquidar un tributo, revisar cualquier diferencia en su liquidación y girar los impuestos a que hubiere lugar, dentro del término de 3 años, contados desde la expiración del plazo legal en que debió efectuarse el pago; agregando el inciso segundo que el plazo señalado precedentemente será de 6 años para la revisión de impuestos sujetos a declaración, cuando ésta no se hubiere presentando o la presentada fuere maliciosamente falsa.

En base a lo anterior sostiene que la sentencia impugnada en su considerando tercero incurre en una indebida omisión en la aplicación del inciso segundo de la norma en comento y hace en consecuencia una falsa aplicación del inciso primero, ya que por el hecho de haberse presentado una declaración maliciosamente falsa debió haber aplicado el plazo del inciso segundo; como se invirtió la carga de la prueba, por errada aplicación del artículo 21 del Código Tributario, se produce un yerro que trae como consecuencia la anulación solicitada.