Ruiz Quilodran Alejandro con Servicio de Impuestos Internos

En autos Rol N° 10.186-04, conocidos en primera instancia por el Director Regional de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente, del Servicio de Impuestos Internos, por sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil once, escrita de fs. 32 a 36, se desestimó la reclamación del contribuyente don Alejandro Ruiz Quilodrán contra las liquidaciones N° 466 a 480, de 27 de mayo de 2004, por diferencias de Impuesto de Primera Categoría, año tributario 2003, Impuesto Global Complementario, año tributario 2003, Reintegro del artículo 97 de la Ley de la Renta, período mayo de 2003, y Pagos Provisionales Mensuales, Circular N° 102/1975 y Circular N° 52/2002, períodos tributarios enero a diciembre de 2002.

Apelado ese fallo por el reclamante, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago lo confirmó por resolución de cinco de abril de dos mil trece, rolante a fs. 62, pronunciamiento contra el cual el reclamante dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo, siendo el primero declarado inadmisible por resolución de fs. 87, la misma que ordena traer el segundo en relación.

PRIMERO: Que en el recurso de casación en el fondo se denuncia, en primer término, la errada aplicación del artículo 21 del Código Tributario, al estimar la fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos, en virtud de una consideración personal y subjetiva, y sin argumento jurídico que la sustente, excesivo el costo registrado en el comprobante contable N° 92, de 30 de diciembre de 2002, cuestionando de manera ilegítima y sin prueba alguna los antecedentes aportados por el contribuyente, con lo que la fiscalizadora actuó contra texto expreso de la ley y excediendo sus facultades.

Luego, en conexión a lo anterior, acusa el recurrente la infracción del artículo 35 del D.L. N° 824, sobre Impuesto a la Renta, por cuanto la agente fiscalizadora, excediendo de sus facultades, liquidó y agregó a la base imponible del Impuesto de Primera Categoría y del Impuesto Global Complementario, el costo que estimó excesivo de acuerdo a su apreciación y sin respaldo que lo acreditara; asimismo, adicionó ventas que consideró presuntamente omitidas, en ambos casos violando el texto expreso del artículo 35 precitado, al no valerse de las únicas dos opciones que este precepto permite, esto es, presumir que la renta mínima imponible es igual al 10% del capital efectivo invertido en la empresa o a un porcentaje de las ventas realizadas durante el ejercicio.

En tercer lugar, se protesta por la no aplicación del artículo 40 N° 6 del D.L. N° 824, en vista de que, de acuerdo al capital efectivo según balance del reclamante, cuya pérdida fue el punto de partida del fundamento de las liquidaciones que se reclaman, éste ascendía a la suma de $1.363.893, por lo que la renta líquida imponible no podría haber sido mayor a $136.389, motivo por el que estaría exento del impuesto de primera categoría conforme a la norma referida.

Y por último, afirma el recurrente la transgresión del sistema de prueba legal o tasada, consagrado en el Título XXI del Libro IV del Código Civil y Título XI del Libro II del Código de Procedimiento Civil, basado en el cuestionamiento a la valoración de la única prueba que el tribunal de primera instancia consideró para resolver el caso, esto es, el informe del fiscalizador del Servicio, haciendo caso omiso a las observaciones a éste que su parte realizó.

Ahonda después el compareciente en la forma en que las infracciones reseñadas habrían influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo atacado, para concluir solicitando la invalidación de éste y la dictación de sentencia de reemplazo con arreglo a derecho.