Salmones Sur Austral S.A . con Servicio de Impuestos Internos Puerto Montt.**

En estos autos Rol N° 38.133-16 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento de reclamación iniciado por Salmones Sur Austral S.A., se dictó sentencia de primer grado el veintiocho de octubre de dos mil quince, en virtud de la cual se rechazó en todas sus partes el reclamo deducido contra la Liquidación N° 29.323, de fecha 13 de octubre del 2014, que determinó la obligación de pago de Impuesto Único del artículo 21 de la Ley de la Renta para el año tributario 2013, por la suma total de $57.200.137.

Esta decisión fue recurrida de apelación por la reclamante y confirmada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt con fecha diez de mayo de dos mil dieciséis.

Contra este último pronunciamiento el apoderado de la actora dedujo recurso de casación en el fondo, ordenándose traer los autos en relación.

Primero: Que en el recurso de casación en el fondo, se denuncia, en un primer capítulo, la infracción de los incisos 14 ° y 10 ° del artículos 132 del Código Tributario, el primero porque el fallo no considera la prueba aportada por la reclamante y porque se infringe el principio de razón suficiente al no entregar el tribunal de alzada ninguna motivación que sustente la afirmación que formula para confirmar la sentencia del a quo y, el segundo, porque, derivado de la infracción anterior, al no valorar la prueba se desconocen los medios probatorios rendidos para demostrar los argumentos del contribuyente.

En una segunda sección acusa la vulneración de los artículos 17 N° 1 , 29 , 31 , inciso 1 ° , 31 N° 6 , 2 N° 1 y 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, la primera norma, porque de haberse ponderado la prueba se concluiría que en virtud de la sentencia dictada el 26 de junio de 2013 en juicio arbitral la reclamante obtuvo indemnización por lucro cesante, lo que constituye un ingreso, por lo que los gastos en asesoría de ese juicio constituyen parte de la pérdida del año tributario 2013. Respecto del inciso 1 ° y N° 6 del artículo 31 refiere que se demostró que los gastos por asesorías fueron necesarios para obtener ingresos derivados del juicio arbitral y, por tanto, necesarios para producir la renta, sin que sea requisito para ello que exista correlación inmediata entre ingresos y gastos, existiendo además un ingreso asociado a este gasto. Sobre los artículos 2 N° 1 y 20, sostiene que al no aceptarse los gastos se hizo tributar sobre ingresos brutos.

Y en el último capítulo esgrime la infracción de los artículos 21 y 33 N° 1 letra g ) de la Ley sobre Impuesto a la Renta, al aplicar la primera disposición sobre gastos en asesorías que la ley permite, no tratándose de partidas de aquellas que trata la segunda norma citada, y de los artículos 72 de la Ley sobre Impuesto a la Renta y 53 del Código Tributario, por el cobro de reajustes e intereses que conlleva la liquidación erróneamente practicada.

Luego de exponer la forma en que los errores denunciados influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo impugnado, pide se invalide éste y que en el de reemplazo se acoja el reclamo.