Sociedad Comercial y de Servicios Csd LTDA. con Servicio de Impuestos Internos

En estos autos rol Nº 3888-2013, la reclamante Sociedad Comercial y de Servicios de Seguridad C.S.D. Limitada interpuso recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que confirmó el fallo pronunciado por el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos de la misma ciudad que rechazó el reclamo de las liquidaciones N° 32 y 33 de 21 de febrero de 2012.

A fojas 141, se trajeron los autos en relación.

Primero: Que el recurso de nulidad sustancial denuncia en primer término la infracción del artículo 23 N°1 del Decreto Ley N° 825 en relación al artículo 19 del Código Civil . Dicha norma, dice, establece que procede el crédito de las facturas relacionadas con gastos de tipo general vinculados con el giro o actividad del contribuyente y en este caso se rechazan los costos y créditos de las facturas emitidas por la proveedora doña Erika Medina Santis, porque serían ideológicamente falsas, cuestión que no procede, desde que sólo se formula dicha calificación por hechos personales de la emisora de la factura, como es no haber sido ubicada en su domicilio, no concurrir a las citaciones del Servicio de Impuestos Internos y encontrarse observada en los sistemas informáticos del ente fiscalizador.

En lo que respecta al artículo 19 del Código Civil, se dice que el error radica en la errada interpretación del artículo 23 N° 1 del Decreto Ley N° 825 . Se incurrió en una clara y abierta contravención de la regla de interpretación del precepto legal en comento, según el cual siendo el sentido de la ley claro, no se puede desatender a su tenor literal, y en este caso no obstante lo explícito del sentido de la Ley, se incurrió en ese error jurídico.

Como segundo yerro jurídico acusa la indebida interpretación que se ha efectuado del artículo 23 N° 5 del Decreto Ley N° 825, en relación con el artículo 19 del Código Civil, señalando que las facturas se han cuestionado principalmente por situaciones de hecho no contempladas en el artículo 23 N° 5 del Decreto Ley N° 825, como calificarlas de ideológicamente falsas o que no guardar relación con el giro del contribuyente, mientras que el precepto no se refiere a circunstancias fácticas para imputar irregularidad, pues tal calificación debe ser de carácter objetivo, esto es, basarse en deméritos o anomalías del documento mismo, y no en eventuales hechos u omisiones de sus emisores y menos por ser de empresas relacionadas.

En un tercer aparatado denuncia la vulneración de los artículos 30 y 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, preceptos que regulan el gasto por costos de los bienes y servicios necesarios para obtener el ingreso bruto, los que en este caso son rechazados por una supuesta falsedad ideológica de las facturas, porque se asevera, sin fundamento, que las operaciones consignadas en ellas serían ficticias, lo que es ciertamente un error, pues las facturas cuestionadas están timbradas por el Servicio de Impuestos Internos y cumplen con los requisitos legales, por lo que la imputación carece de sustento legal.

Finalmente como último error de derecho, denuncia una errada interpretación de los artículos 21 del Código Tributario, en relación al artículo 19 del Código Civil, expresando al efecto, que el inciso segundo de aquél establece que el Servicio de Impuestos Internos no puede prescindir de los antecedentes presentados por los contribuyentes, a menos que estos documentos, libros y antecedentes no sean fidedignos, situación que no se verifica en el caso de autos, puesto que las facturas presentadas no han sido calificadas como no fidedignas, circunstancia que impide prescindir de los documentos presentados en el proceso por el contribuyente, con lo que se ha vulnerado las leyes reguladoras de la prueba, pues se pretende invertir el peso de la prueba.