Tesoreria Regional Antofagasta con Suárez .(E)

En los autos Rol N° 40.264-17 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento ejecutivo de cobro de obligaciones tributarias, el Servicio de Tesorerías dedujo recurso de casación en la forma y en el fondo contra la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta que revocó el fallo de primer grado, del Segundo Juzgado de Letras de esa ciudad, por el que se rechazaba la excepción de prescripción opuesta, resolviendo en cambio que esta queda acogida.

Declarado admisible únicamente el segundo de tales arbitrios, por decreto de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, se ordenó traer los autos en relación.

Primero: Que por el recurso se reclama, en su segmento inicial, la contravención de los artículos 1699 , 1700 y 1706 del Código Civil, en relación con los artículos 342 Nros . 1 y 2 del Código de Procedimiento Civil y 200 y 201 del Código Tributario.

Según se plantea, los jueces de la alzada vulneraron las leyes reguladoras de la prueba al desconocer al Oficio Ordinario N° 77316213361/164, del Servicio de Impuestos Internos, el valor probatorio de plena prueba fijado por la ley, conforme al cual se desecharon las alegaciones de prescripción formuladas por el contribuyente tanto por el abogado del Servicio de Tesorerías como por el fallo de primer grado.

Dicho documento, expresa, constituiría una presunción de verdad de la existencia y efectividad de los hechos acaecidos en el proceso de fiscalización, que dio lugar a las liquidaciones y giros, del cual surge la ampliación del plazo de prescripción por la citación, conforme al artículo 62 del Código Tributario, y la interrupción a que se refiere el artículo 201 N° 2 del mismo ordenamiento.

Ese error -falta de ponderación del documento-, habría acarreado la infracción a las normas decisorio litis contenidas en los artículos 200 y 201 del Código Tributario, pues al no estar controvertido que los giros que se cobran en esta causa tienen como fecha de vencimiento y pago desde el 12 de julio de 2010 al 30 de abril de 2011, no estando sujetos a declaración, y el plazo de fiscalización es de 3 años, el término para cursar las liquidaciones iba desde el 12 de julio de 2013 al 30 de julio de 2014, pero al existir notificación administrativa de las liquidaciones por cédula, como se detalla en el Oficio, de fecha 31 de julio de 2013, se ha producido la interrupción de la prescripción respecto de todos los formularios y folios demandados.

Como consecuencia de ello, al tenor de lo que dispone el artículo 201 del Código Tributario, señala el recurso, interrumpida la prescripción por la notificación administrativa de una liquidación, empieza a correr un nuevo término que será de 3 años, por lo cual el plazo para notificar y requerir de pago al contribuyente, en la especie, vencía el 31 de julio de 2016. Y como la notificación, requerimiento de pago, embargo y apercibimiento se hicieron el 23 de noviembre de 2015, no había transcurrido el plazo señalado.