Empresas Cabo de Hornos S.A. con Servicio de Impuestos Internos

En estos autos Rol N° 4099-2013 de esta Corte Suprema, sobre reclamación tributaria iniciado por la contribuyente Empresa Cabo de Hornos S.A., se dictó sentencia de primer grado el catorce de febrero de dos mil doce, que rola a fojas 278 y siguientes, por la que se hizo lugar, en parte, al reclamo interpuesto en contra de las liquidaciones N°663 a 684, todas de 12 de octubre de 2001, por Modificación Remanente IVA, períodos tributarios de junio a diciembre de 1998, y enero a diciembre de 1999; por diferencia de IVA, período tributario de enero de 2000; e Impuesto Único del artículo 21 inciso tercero de la Ley de Impuesto a la Renta de los años tributarios 1999 y 2000. Dicha decisión fue apelada por el contribuyente, a fojas 291 y objeto de pronunciamiento por la Corte de Apelaciones de Santiago el quince de mayo de dos mil trece y que rola a fojas 346 y siguientes, en virtud del cual se confirmó la de primer grado, con declaración que los intereses moratorios que establece el artículo 53 del Código Tributario no se han devengado durante el período comprendido entre la presentación del reclamo y la que lo tuvo definitivamente por interpuesto, esto es, entre el 26 de diciembre de 2001 y el 27 de abril de 2007, respectivamente.

A fojas 384 se trajeron los autos en relación para conocer del recurso de casación en el fondo de fojas 348, interpuesto por la contribuyente aludida.

PRIMERO: Que por el recurso interpuesto se denuncia la vulneración del artículo 23 N° 5 del DL 825, en relación a los artículos 19 y 22 del Código Civil y los artículos 21 y 26 del Código Tributario.

Indica la reclamante que la primera norma citada regula en qué circunstancias y en relación a qué operaciones se dará al contribuyente derecho a crédito fiscal IVA soportado o pagado; en qué casos se dará, proporcionalmente, derecho a crédito fiscal; y en qué casos no existe, en principio, tal derecho.

Así el numeral 5 ° del artículo 23 de la Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios, regula en particular el caso en que no procede el derecho al crédito fiscal, señalando tres hipótesis de excepción; en su inciso primero dispone que si una factura es calificada de no fidedigna, falsa o no cumple con los requisitos legales y reglamentarios, en principio ésta no da derecho al crédito fiscal por el impuesto recargado en ella.

Por su parte el inciso segundo, establece un primer mecanismo bajo el cual se posibilita al contribuyente la utilización del crédito fiscal aun cuando la factura respectiva adolezca de los vicios señalados precedentemente, en la medida que cumplan dos requisitos copulativos que la propia norma señala, a saber: cuando el pago del documento dubitado se ha efectuado con un cheque nominativo, vale vista nominativo o transferencia electrónica de dinero a nombre del emisor de la factura, girados contra la cuenta corriente del comprador o beneficiario del servicio y se ha anotado al reverso del documento el número del rol único tributario del emisor de la factura y el número de ésta, la misma información debe constar en el caso de realizarse una transferencia electrónica. Con lo que se excluye perjudicar al comprador o beneficiario por la falsedad de una factura, pues no es posible imputar responsabilidad por el actuar de un tercero.

Luego, el inciso tercero establece un segundo mecanismo en caso que la factura pagada sea posteriormente objetada por el Servicio de Impuestos Internos, que es lo que ocurre en autos, en que se permite al comprador o beneficiario no perder el derecho al crédito fiscal siempre que se cumplan los requisitos enunciados en las letras a), b), c) y d) de la norma en referencia, y que apuntan a la acreditación suficiente de la efectividad material de las operaciones de que den cuenta las facturas impugnadas por el fiscalizador, lo que significa que no hay más requisitos que los señalados por el legislador. Así, si el sentenciador agrega nuevas exigencias, pidiendo al reclamante acreditar que el impuesto ha sido recargado y pagado por el emisor de la factura, situación que se regula en el inciso cuarto del artículo 23 N°5 y que es un mecanismo distinto de los contemplados en las hipótesis contenidas en los inciso segundo y tercero del mismo numeral, contraviene el tenor literal de la ley.