Constructora y Distribuidora los Cipreses LTDA. con Servicio de Impuestos Internos

En estos autos Rol N° 4.523-11 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento de reclamación de liquidación tributaria, iniciado por la contribuyente Constructora y Distribuidora Los Cipreses Limitada,  la referida sociedad dedujo un recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, fechada el catorce de abril de dos mil once, mediante la cual se confirmó en todas sus partes el fallo de primer grado, el que en su oportunidad rechazó el reclamo interpuesto.

A fojas 312 se trajeron los autos en relación.

PRIMERO: Que por el recurso interpuesto se denuncia la vulneración de los artículos 5 , 6 , 7 y 19 N° 26 de la Carta Fundamental; 53 y 61 de la Ley N° 19.880; 31 N°3 de la Ley de Impuesto a la Renta; 19 y 20 del Código Civil; 21, 136 y 200 del Código Tributario y 1.698 del Código Civil, por haberse desestimado su reclamo, al considerar los jueces del fondo que no logró demostrar fehacientemente con la documentación necesaria la pérdida de arrastre declarada entre los años tributarios 1999 a 2007, para justificar una renta líquida imponible negativa.

SEGUNDO: Que, en el cuerpo del escrito se agrega el artículo 59 del Código Tributario, el que se suma al artículo 136 de igual texto, señalando el impugnante que el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos vulneró el mandato legal consistente en declarar improcedentes las revisiones efectuadas fuera de los plazos de la prescripción que se contienen en la normativa respectiva, lo que se produjo al remontarse la fiscalización mas allá del límite máximo de seis años, determinado una serie de diferencias, actividad que debe relacionarse con la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos que rige los actos de la administración pública, plenamente aplicable al ente fiscalizador, en particular con los principios de revocación y convalidación, toda vez que la pérdida declarada por el contribuyente en los años anteriores al revisado fue aceptada por la autoridad, por lo que se trata de actuaciones de contenido favorable al contribuyente, que para ser revocadas deben cumplir con las exigencias de los artículos 53 y 61 de la normativa referida, que sólo la permiten previa audiencia del interesado, lo que en el presente caso no ocurrió, y por otro lado, existe texto expreso que lo prohíbe cuando se trate de actos declarativos de derechos adquiridos legítimamente, de todo lo cual sólo podía concluirse que las pérdidas correspondientes a los años 1999 a 2007, se encontraban firmes e inamovibles.

TERCERO: Que, en lo que toca al artículo 31 N° 3 de la Ley de la Renta, afirma que su trasgresión se produjo al desconocerse su derecho a deducir las pérdidas de arrastre, y la de los artículos 21 del Código Tributario y 1.698 del Código Civil, se materializó al invertir el onus probandi, rechazando las pruebas que la ley admite y desconociendo el de las producidas en el juicio, acreditando con los documentos y libros de contabilidad la pérdida alegada.

Al explicar la manera en que se produjo la infracción, se indica que si se hubiesen aplicado correctamente las normas citadas precedentemente, se habría declarado que las pérdidas tributarias de los años 1999 a 2007 se encontraban debidamente asentadas, solicitando en consecuencia que se acoja su recurso, se anule la sentencia atacada y en su reemplazo se dicte otra que acoja en todas sus partes su reclamo.

CUARTO: Que, como se puede advertir, la cuestión jurídica propuesta se reduce a dilucidar acerca de dos aspectos: por un lado, la procedencia de la prescripción de la acción fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos, vinculada ésta a la exigencia de comprobación de pérdidas de arrastre por medio de antecedentes probatorios que permitan sustentarlas, los cuales se encontrarían comprendidos en períodos cubiertos por dicha institución y, por otro, acerca de la efectividad de haberlas comprobado fehacientemente.