Juan Carlos Ortega Corvalan con Servicio de Impuestos Internos

En estos autos rol 4570-2011 de esta Corte Suprema, sobre procedimiento de reclamación de liquidaciones tributarias iniciado por el contribuyente don Juan Carlos Ortega Corvalán, el reclamante dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Chillán que rechazó la excepción de prescripción de las acciones ejecutivas de cobro de los impuestos opuesta en segunda instancia y confirmó el fallo de primer grado que no hizo lugar al reclamo.

A fojas 364, se trajeron los autos en relación.

I.- En cuanto al recurso de casación en el fondo:

Primero: Que por el recurso se denuncia la errónea aplicación de los artículos 91 y 310 del Código de Procedimiento Civil; 177 N° 2 del Código Tributario y del 111 del Código Orgánico de Tribunales, los que se estiman vulnerados por la sentencia de segundo grado al momento de fundar el rechazo de la incidencia formulada en esa instancia, consistente en oponer la excepción de prescripción de las acciones ejecutivas de cobro y que fue desechada por improcedente, ello en atención a que sólo podía ser interpuesta por el demandante y en calidad de acción, siendo que -a juicio del recurrente- era posible plantear dicha alegación tanto en el juicio ejecutivo como en la propia reclamación, lo que constreñía a los jueces del fondo a examinarla y pronunciarse derechamente sobre su procedencia, dando lugar a la prescripción extintiva de las liquidaciones cursadas de conformidad al artículo 200 del Código Tributario.

Segundo: Que por la segunda parte del libelo de casación, se hace mención a la trasgresión de los artículos 30 de la Ley de Impuesto a la Renta; 21 inciso primero del Código Tributario y el 254 del Código de Comercio, comenzando de forma preliminar con una alusión a la sentencia que anuló todo lo obrado en estos antecedentes por incompetencia del juez delegado, agregando a continuación que si se analiza el procedimiento de reclamación, éste daría cuenta de que se logró acreditar con documentos y testigos la efectividad de las operaciones, pero que ello no fue suficiente para el Servicio de Impuesto Internos, el que exigió probarlas con las respectivas facturas, limitando de esa forma la posibilidad de incluir contratos o convenciones, cuya práctica civil y comercial es habitual en el caso de comisionistas y corredores por cuenta propia.

Tercero: Que, por lo expresado, denuncia que los errores señalados tuvieron influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, pues de no haberse cometido, se habría advertido que a la fecha de la dictación de la sentencia anulatoria de oficio de las actuaciones del juez tributario de 3 de julio de 2008, ya se encontraba cumplido el plazo de tres años para su cobro. En tanto que, de haberse aceptado las pruebas que la ley autoriza, se habría ordenado la anulación de las liquidaciones y giros cursados.

Finalmente, por su petitorio solicita que se acoja su recurso, se anule la sentencia atacada y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, en la que se declare que se acoge la excepción de prescripción opuesta en segunda instancia.