Espinal Pino Blanca Rosa con Servicio de Impuestos Internos

En estos autos rol 470-2012 de esta Corte Suprema, sobre procedimiento de reclamación de liquidaciones tributarias iniciado por la contribuyente, doña Blanca Rosa Espinal Pino, el Fisco de Chile dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que revocó el fallo de primer grado, en cuanto negaba lugar al reclamo, con costas, declarando en su lugar que éste queda acogido, dejándose sin efecto la liquidación N° 522, sin costas.

A fojas 188 se trajeron los autos en relación.

Primero: Que por el recurso se denuncia, como primer capítulo, la infracción del artículo 21 Código Tributario, ya que la reclamante no acreditó que las sumas invertidas en la compra del inmueble a que se refiere la liquidación impugnada correspondan, verdaderamente, a una compensación entre el antiguo propietario del inmueble y la reclamante, producto de una deuda prexistente, o que tal contrato de compraventa sea inexistente, en el sentido de simulado, por lo que no hay mérito para acoger su reclamación, debiendo mantener la sentencia apelada. Cita sentencia de la Corte Suprema que avala su afirmación en el sentido que la carga probatoria en materia de reclamos tributarios recae sobre el contribuyente.

Asimismo, indica que se ha conculcado lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, por falsa aplicación, señalando que la norma general del Código Civil citada ha sido desplazada por el artículo 21 del Código Tributario . Por ello, correspondía al contribuyente demostrar los elementos fundantes de su alegación: por ejemplo, que el pago de la compraventa efectuada por escritura pública no fue realizado al contado, la existencia de un contrato simulado, la fuente de donde obtuvo los dineros con que pagó el precio de la compraventa, la existencia de un contrato de mutuo entre la contribuyente y el anterior propietario, entre otros aspectos. Al no haberlo declarado así, la sentencia infringe el citado artículo 1698 por errónea aplicación.

En tercer lugar, denuncia que se han infringido los artículos 1708 y 1709 del Código Civil, ya que la reclamante afirma que el pago del precio del inmueble cuya adquisición dio origen a la liquidación de impuestos objetada se efectuó mediante una compensación de dinero respecto de una deuda que el vendedor mantenía con la reclamante, como consecuencia de diversos fondos que ella le facilitó en los 3 años anteriores a dicha operación, vale decir, asegura la existencia de un contrato de mutuo con el anterior propietario, por 18 o 20 millones. Por ello, afirma que la declaración contenida en la escritura pública de compraventa (cláusula 3ª) que da cuenta que la compradora paga el precio al contado es falsa; del contrato de mutuo no se rindió prueba documental, intentando probar a través de una contraescritura pública, que no es oponible a su parte, conforme lo dispone el artículo 1707 del Código Civil . Además, la reclamante presentó 3 testigos en juicio para acreditar la deuda. Sin embargo, de acuerdo a los artículos 1708 y 1709 citados, tales extremos solo podían acreditarse con prueba documental. De esta manera, al tener por acreditada la existencia del contrato con testigos, se vulneran dichas normas.

Indica, asimismo, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 1700 del Código Civil debió tenerse por acreditado que el precio de la compraventa se pagó al contado. Y al no hacerlo, se infringió esta norma, conculcando además lo dispuesto en el artículo 1876 del mismo Código, que preceptúa que si en la escritura pública se expresa haberse pagado el precio, no se admitirá prueba alguna en contrario, sino la de nulidad o falsificación de la misma. Expresa que, en este caso, hay una escritura pública en que se especifica que el precio se pagó al contado, de manera que no es admisible la pretensión de demostrar hechos que desacrediten esta situación, salvo aquélla destinada a demostrar la nulidad o falsificación, lo que no ha ocurrido. Por ello debió entenderse pagado el precio y al contado.

Los errores denunciados en la apreciación de la prueba acarrean necesariamente la infracción de los artículos 70 y 71 de la Ley de Impuesto a la Renta, al desconocer la liquidación que se efectuó por impuesto global complementario del año tributario 2003, por no existir justificación por parte de la contribuyente del origen y disponibilidad de los fondos con que se efectuó la adquisición de un bien raíz, de manera que debió aplicarse la presunción del inciso 2 del artículo 70 .