Compañia de Inversiones Altamira S.A. con Servicio de Impuestos Internos

En los autos Rol N° 47.644-2016 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento de reclamo de liquidaciones, la contribuyente, Compañía de Inversiones Altamira S.A., dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la decisión de primer grado por la cual se desestimó el reclamo, confirmándose la liquidación N° 107, de 29 de julio de 2004, por diferencias de impuesto a la renta de primera categoría, correspondientes al año tributario 2001, con declaración que no empecen al contribuyente los intereses moratorios entre la fecha del reclamo y la de la resolución que lo tuvo por definitivamente interpuesto.

Por decreto de fojas 408 se ordenó traer los autos en relación.

Primero: Que, según expresa el recurso, la liquidación reclamada tiene su antecedente en las citaciones Nros. 120, de 29 de mayo de 2003, y 15, de 22 de marzo de 2004, por las que se solicitaba a la contribuyente acreditar con documentación fehaciente el origen de la pérdida de arrastre declarada en el año tributario 2001, que provenía de un cargo a gasto, justificado por el descuento por el pago anticipado de la deuda que mantenía Agustín Edwards Eastman con Altamira, ascendente a $1.556.212.308, que fue contabilizado en la cuenta "otros egresos de la explotación".

Como consecuencia de ello se cuestionó también la procedencia del pago provisional por utilidades absorbidas declarado por la sociedad, ascendente a $162.061.996.

En primer término, se alega la errónea aplicación de los artículos 59 , 63 inciso primero y 200 incisos 1 y 4 del Código Tributario, por haber operado la prescripción de la acción de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos respecto a la declaración anual de impuesto a la renta correspondiente al año comercial 2000, tributario 2001, lo que encuentra sustento en que los fundamentos de las citaciones son diversos a los contenidos en la liquidación. En consecuencia, sostiene el recurso, como en las citaciones nunca se fiscalizó el gasto como tal, sino que se solicitó que acreditara que la partida cuestionada no era una disminución de capital, la liquidación habría tenido que dirigirse a los accionistas, no a la sociedad, como finalmente se hizo.

Por ello, como los hechos fiscalizados no son los mismos que los hechos liquidados y que el sujeto pasivo de la fiscalización tampoco es el mismo, las citaciones jamás podrían extender el pazo de prescripción en los términos del artículo 200 del Código Tributario en relación a su artículo 63.

De esta manera, cuando el Servicio de Impuestos Internos emite la liquidación, el 29 de julio de 2004, notificada el día siguiente, excedió el límite temporal del artículo 200 inciso 1 ° del Código Tributario para liquidar los impuestos correspondientes al año tributario 2001, pues el plazo de prescripción vencía en abril de 2004, no en julio de 2004. Erróneamente en esta materia, el tribunal no interpretó de manera correcta los preceptos citados, como señalan los artículos 19 inciso 1 ° y 22 inciso 1 ° del Código Civil.