Comercial J y R Limitada con Servicio de Impuestos Internos

En autos Rol N° 10.740-09 R.L., conocidos en primera instancia por el Director Regional de la Dirección Regional Metropolitana, Santiago Centro, del Servicio de Impuestos Internos, por sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil doce, escrita de fs. 79 a 83, se desestimó la reclamación presentada por la contribuyente Comercial J&R Ltda., en contra de las Liquidaciones N°s. 435 a 440, de 26 de junio de 2009, por concepto de Impuesto al Valor Agregado, períodos tributarios de mayo, junio, julio, noviembre y diciembre de 2006, e Impuesto a la Renta de Primera Categoría del año tributario 2007, por haber registrado entre los períodos de mayo de 2006 y marzo de 2007, crédito fiscal improcedente proveniente de facturas falsas de cuatro proveedores.

Apelado este fallo por la reclamante, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago lo confirmó mediante resolución de 26 de junio de 2013, rolante a fs. 97, pronunciamiento contra el cual la misma parte reclamante dedujo recurso de casación en el fondo en lo principal de fs. 112, el que esta Excma. Corte Suprema ordenó traer en relación a fs. 136.

1° Que por el recurso de casación en el fondo se denuncia la infracción de los artículos 21, 97 N° 4, incisos 1° y 2°, del Código Tributario, 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, y 23 N° 5, inciso 4°, del D.L. N° 825.

En relación al artículo 21 del Código Tributario, alega el recurrente que el onus probandi que este precepto impone sobre el contribuyente, no resulta aplicable en la especie por tres razones: primero, por cuanto su inciso primero se refiere al proceso de cálculo o determinación del impuesto y no a procedimientos jurisdiccionales para la aplicación de sanciones por infracciones tributarias; segundo, porque su inciso final alude literalmente a las liquidaciones o reliquidaciones de un impuesto y no a las sanciones ni a las infracciones de naturaleza tributaria; y, tercero, ya que desde la entrada en vigencia del artículo 117 del Código Tributario, incorporado por la Ley N° 20.322, el Servicio de Impuestos Internos tiene para todos los efectos legales la calidad de parte y, como tal, ha de cumplir con las cargas procesales generales que la ley impone a todo litigante en virtud de los principios de igualdad ante la ley y de la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos de las personas que consagran los N°s. 2° y 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, respectivamente. Lo anterior se encuentra reforzado, continúa el compareciente, por el hecho de que no exista una norma legal que expresamente exceptúe al Servicio de la carga de la prueba en materia de infracciones tributarias, como se desprende de los artículos 124 y 132 del Código Tributario, lo que conlleva que dicho organismo, en el juicio tributario deba probar las afirmaciones que realiza en el acto administrativo que ha practicado y que es reclamado en sede judicial, en particular, el carácter no fidedigno de la documentación de que prescinde.

En cuanto al artículo 97 N° 4 del Código Tributario, se expresa que de la sentencia observada se colige que no existe participación ni conocimiento por parte de la contribuyente de que los titulares de las facturas y sus proveedores no hayan sido contribuyentes fidedignos; respecto del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, apunta que la presunción de inocencia también rige en materia de derecho administrativo sancionador, siendo por tanto deber del Servicio acreditar los asertos que sostienen las liquidaciones; y, en lo atingente al artículo 23 N° 5, inciso 4º, del D.L. N° 825, refiere que el Servicio no consideró si los proveedores habían enterado efectivamente en arcas fiscales el impuesto recargado en las facturas dubitadas, circunstancia que le permitiría conservar el crédito fiscal en cuestión.

Luego de explicar la manera en que las infracciones reseñadas influyeron en lo dispositivo del fallo, concluye el recurrente solicitando que se acoja el arbitrio interpuesto, se invalide la sentencia cuestionada, y se dicte la de reemplazo que acoja la reclamación interpuesta, con costas.

2° Que conviene comenzar aclarando que el procedimiento en que incide el recurso en examen es el procedimiento general de reclamación del Título II del Libro III del Código Tributario, que tiene por objeto en este caso, revisar la legalidad de una liquidación de impuestos practicada por el Servicio, y no la imposición de una sanción penal o administrativa, de manera que la presunción de inocencia consagrada en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República con vigencia en dichos procedimientos sancionatorios, y que conlleva liberar de la carga de la prueba al imputado o administrado, no resulta pertinente al caso sub lite, razón por la cual el artículo 21, inciso 2°, del Código Tributario, no confronta ni se opone a la mentada garantía constitucional cuando grava procesalmente al contribuyente con el peso de desvirtuar con pruebas suficientes las impugnaciones del Servicio.