Patricia Caceres Areva.lo con Servicio de Impuestos Internos

En estos autos rol N° 5790-2009, sobre procedimiento por infracción a disposiciones tributarias el Fisco de Chile ha interpuesto recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de segunda instancia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción que revoca la de primer grado y acoge el reclamo presentado por el contribuyente, declarando que las liquidaciones N° 152 a 156 se encuentran caducadas.

PRIMERO: Que como primera infracción denuncia la vulneración del artículo 200 del Código Tributario en relación con el artículo 2del mismo código . Señala que se infringe doblemente el artículo 200 del Código Tributario, al hacerse una falsa aplicación de su inciso primero y no aplicarse su inciso segundo.

El Servicio de Impuestos Internos al objetar las facturas por ser falsas al haber constatado que su timbraje y/o el contribuyente emisor, no existen, está declarando que las declaraciones son maliciosamente falsas, convicción a la que arriba soberanamente el S erviciode Impuestos Internos por las razones que explica en su sentencia de primera instancia. A este respecto, se debe destacar que la sentencia de segundo grado mantuvo el considerando 10° de la de primera instancia según el cual ha quedado establecido como hecho de la causa que las facturas son irregulares, por cuanto 3 de ellas se encontraban fuera del rango de numeración timbrado por el Servicio de Impuestos Internos, o sea, se trató de simples documentos que no estaban autorizados; en tanto que las otras dos facturas fueron emitidas por contribuyentes, en calidad de supuestos proveedores de la reclamante que presentaban una serie de inconsistencias e irregularidades, tales como: no fueron habidos y/o registraban múltiples bloqueos tributarios. Así se les da a las facturas por parte del organismo fiscalizador el carácter de ?maliciosamente falsas?. Frente a este escenario, el contribuyente estaba obligado a probar la veracidad de sus operaciones al tenor del artículo 2del Código Tributario lo que no hizo, por lo que al ser de su cargo la prueba, de conformidad con el artículo citado, se tiene por establecido que las operaciones fueron maliciosamente falsas, y por ende corresponde aplicar el plazo de prescripción del art. 200 inciso segundo y no el del inciso primero.

El contribuyente no rindió prueba alguna destinada a desvirtuar las liquidaciones, infringiendo el artículo 2del Código Tributario . Expresa que las cinco facturas falsas, representaron nada menos que el 42% del total de las operaciones del período auditado, por lo que la circunstancia de que sean sólo cinco las facturas rechazadas, como indica el fallo recurrido no atenúa ni minimiza la conducta maliciosa del contribuyente, como al parecer es el criterio del fallo que se impugna.

La sentencia recurrida ha expresado dentro de sus consideraciones para revocar la sentencia de primera instancia: ?Que, la buena o mala fe de un contribuyente debe ser apreciada en concreto, esto es, en base a su comportamiento tributario personal, de manera que no puede atribuírsele una conducta maliciosa por meras conjeturas, apreciaciones u opiniones de los fiscalizadores, puesto que los juicios de valor que emitan éstos, aún en su carácter de Ministros de fe, no están amparados por presunción de veracidad, sino únicamente aquellos hechos que puedan apreciar por sus propios s entidos?.

Dicho razonamiento constituye una infracción a lo dispuesto en el artículo 2del Código Tributario el cual establece que corresponde al contribuyente probar con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley establezca, en cuanto sean necesarios u obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deban servir de cálculo del impuesto, así dicha norma resulta absolutamente concordante con el artículo 200 del Có digo Tributario toda vez que para que el contribuyente haga aplicable el inciso primero de esa disposición, acogiéndose a la prescripción de tres años, debe previamente acreditar la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de las operaciones que deban servir para el cálculo del impuesto.

Al contrario, señala que la sentencia recurrida se ha apartado del recto sentido del artículo 2del Código Tributario, invirtiendo el peso de la prueba, dejándolo de cargo del organismo fiscalizador. Lo anterior, constituye una grave infracción toda vez que el proceso de liquidación de impuestos y su posterior reclamación dan inicio al procedimiento jurisdiccional tributario que tiene justamente por objeto determinar la existencia de diferencias de impuestos y si la actuación del contribuyente debe o no calificarse como maliciosa, facultad que compete al Servicio de Impuestos Internos, dentro de sus atribuciones tanto administrativas como jurisdiccionales en cuanto tribunal de primera instancia.