Lila Maldonado Bettancourt con Servicio de Impuestos Internos

En estos autos Rol N° 58-12 de esta Corte Suprema, sobre procedimiento de reclamación iniciado por la contribuyente Lila Maldonado Bettancourt, se dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta que confirmó el fallo de primera instancia, por el que se resolvió rechazar en todas sus partes el reclamo, relativo a las liquidaciones N° 170 a 179 por diferencia de impuestos a la renta en los años tributarios 2005, 2006, 2007 y 2008.

A fojas 569 se trajeron los autos en relación.

PRIMERO: Que el recurso de nulidad denuncia en un primer capítulo la infracción al artículo único de la Ley N° 18.320 de 1984 y sus modificaciones, en relación con el artículo 140 del Código Tributario . Expresa que no se ejerció la acción penal ante tribunal competente para los efectos de acreditar que la contribuyente presentó supuestas irregularidades o que sus declaraciones fueren maliciosamente falsas, lo que al ser armonizado con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo único de la Ley N° 18.320, que expresa que el Servicio de Impuesto Internos contará con el plazo fatal, sin excepción, de 6 meses, para liquidar o formular giros contados desde el vencimiento del plazo que tiene el contribuyente para presentar los antecedentes en el plazo que el fiscalizador fije, el que debe ser de un mes según la referencia que se hace del artículo 63 del Código Tributario, lo que ha implicado que en este caso se haya fijado un plazo de revisión independiente del que prescribe la Ley N° 18.320, por lo que correspondía que los jueces del fondo, conforme preceptúa el artículo 140 del Código Tributario, declararan la nulidad de las liquidaciones por adolecer de un vicio que sólo puede ser reparado por esa vía; al no hacerlo, han actuado con infracción de ley.

SEGUNDO: Que, enseguida, acusa que se han infringido los artículos 86 y 132 del Código Tributario, al estimar el Servicio de Impuestos Internos que se han acreditado las supuestas falsedades civiles con relación al registro y utilización de facturas falsas o no dignas de fe, afectando con ello las leyes reguladoras de la prueba en lo referente a la exigencia de razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en virtud de las cuales se les asigna valor o se las desestima y además con relación a la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que se utilizan de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador.

Expresa que el yerro denunciado se produce, pues, se da valor a la sola declaración de la fiscalizadora Paola Araya y se desestiman otras probanzas que contradicen su declaración, por otra parte, arguye que el fallo impugnado, en su razonamiento quinto, le da el carácter de ministro de fe a dicha fiscalizadora respecto de los hechos por ella declarados, lo que se contradice con la doctrina del propio Servicio de Impuestos Internos, que expresa que tales funcionarios sólo revisten ese carácter respecto de los hechos que constatan por sus propios sentidos y no de aquellos sobre los que tienen noticias o bien le han sido confiados como ocurre con una declaración prestada ante el fiscalizador por un contribuyente, con observaciones tributarias tan serias como las que afectan a su representada, toda vez que la revisión se limita a cuestiones documentales.

Señala, además, que los jueces del grado dan valor a las declaraciones de los proveedores impugnados cuando se presentan ante la fiscalizadora y las desestiman cuando se presentan ante un ministro de fe como lo es un Notario Público, porque éstas no habrían sido ratificadas en el juicio, que es la misma situación que ocurre con lo declarado ante la fiscalizadora. Así, el yerro se produce en la errónea apreciación de los medios de prueba aportados, ya que la sentencia se sustenta únicamente en la declaración testimonial de la fiscalizadora.

TERCERO: Que en otro apartado denuncia la vulneración de lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto Ley N° 825, sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, expresando que la norma citada ha sido erróneamente aplicada, pues en las consideraciones décimo cuarta y décimo novena del fallo impugnado, se señala que la contribuyente no adoptó las medidas dispuestas en el numeral 5 ° del precepto en comento, en circunstancias que dicha norma dice relación con la procedencia o no de la utilización del crédito fiscal, lo que es inaplicable cuando se da por acreditado incluso por el mismo Servicio de Impuestos Internos que el monto del impuesto al valor agregado recargado y retenido en las facturas de compra dubitadas se encuentra declarado y enterado en arcas fiscales, de forma tal que no existe perjuicio fiscal por lo que se ha efectuado una falsa aplicación de ley con infracción de la misma.