C/ana Rosa Sanhueza TAPIA. QTE.: Servicio de Impuestos Internos.

En estos autos Rol N° 85.102-1999, del ex Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, la abogada doña Virginia San Martín Ubilla, por el Servicio de Impuestos Internos, parte querellante, dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago de quince de julio último que, calificando los hechos como constitutivos de la infracción al artículo 97 N° 4 inciso 2 ° del Código Tributario, confirmó la decisión de primer grado que absolvió a Ana Rosa Sanhueza Tapia de los cargos formulados.

A fojas 455 se ordenó traer los autos en relación.

PRIMERO: Que el recurso deducido se funda en las causales 1ª y 7ª del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal.

Por la causal de infracción a las leyes reguladoras de la prueba se denuncia que con error de derecho se desestimó la prueba de la participación de la querellada pese a la existencia de múltiples elementos de convicción constitutivos de presunciones judiciales que permiten arribar a esa conclusión, particularmente el reconocimiento de la enjuiciada de su calidad de administradora de la Sociedad Comercial Evans a partir de 1996 y aquellos relacionados en el motivo 2° del fallo de primer grado, reproducido en esta parte por el de alzada, de los que se desprenden imputaciones directas en el sentido que Ana Sanhueza sería dueña de la empresa que usó de fachada para continuar un proceso de evasión que inició como empresaria individual a partir de 1994, donde no había operaciones reales sino venta de facturas irregulares, llegando incluso a amenazar de muerte a un testigo por prestar colaboración al Servicio de Impuestos Internos . Las declaraciones prestadas bajo juramento en sede judicial acerca de estos hechos no fueron debidamente valoradas ni consideradas como presunciones judiciales, vulnerándose lo dispuesto en los artículos 459 y 464 del Código de Procedimiento Penal.

Agrega que en el curso de la investigación se recabaron informes periciales que daban cuenta de los hechos imputados y sus circunstancias esenciales, atribuyéndole participación a la imputada, los que no fueron considerados ni aún como presunciones más o menos fundadas, infringiéndose los artículos 472 y 473 del texto normativo antes señalado.

Concluye sosteniendo que a partir de la correcta revisión de tales antecedentes es posible advertir que las presunciones se fundan en hechos reales, pues han sido percibidos por los propios sentidos de los declarantes y los han recogido los peritos en sus informes, y reúnen las condiciones de ser múltiples, pues se trata de una serie de elementos de convicción que fueron allegados a la causa; graves, porque incriminan en forma directa a la enjuiciada; precisas, ya que todos conducen a deducir quien tenía dominio de la acción mediante el control que ejercía la acusada en su calidad de socia y administradora de facto de la Sociedad Comercial Evans; directas, porque todos los testigos y peritos señalan que quien tomaba las decisiones era la acusada, y concordantes entre sí, dado que todos los antecedentes señalan que el control de la sociedad lo ejercía la acusada en su calidad de socia mayoritaria, quien directamente se beneficiaba de las maniobras dolosas acreditadas.

Por la causal 1ª del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal también esgrimida, se sostiene que la conclusión del fallo acerca de la participación de la enjuiciada contraviene los artículos 15 N° 1 del Código Penal y 99 del Código Tributario, disposiciones que atribuyen responsabilidad penal a quien era responsable del pago de los impuestos y ejercía la administración.