Elizabeth Pinto Veliz con Servicio de Impuestos Internos

En estos autos Rol N° 6024-2009 la contribuyente doña Elizabeth Pinto Veliz dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, confirmatoria de la de primera instancia del Sr. Juez Tributario de la misma ciudad, que no hizo lugar a la reclamación deducida, confirmando las liquidaciones números 22 a 3por concepto de diferencia de Impuesto al Valor Agregado por devoluciones improcedentes, de los períodos tributarios julio, septiembre y noviembre de 1998, enero, marzo y abril de 1999 e impuesto a la renta de primera categoría y Global Complementario del año tributario 1999.

Primero: Que el recurso denuncia infracción del artículo 2del Código Tributario, artículo 23 N° 5 del D.L. N° 825 y artículos 30 , 33 N° 1 , letra g ) , artículo 2y artículo 54 del D.L. N° 824, en relación con las normas reguladoras de la prueba.

Segundo: Que en el proceso se fijó por el Tribunal tributario como punto de pru eba la efectividad que la reclamante realizó lasoperaciones a que se refieren las facturas señaladas en las liquidaciones de impuesto, con los proveedores que aparecen como presuntos emisores de los mismos documentos, en las fechas y por los montos señalados. En consecuencia no estando fijado como hecho a probar ninguna de las calidades a que se refiere el artículo 23 N° 5 del D.L. N° 825, esa parte solamente tenía que dar cumplimiento a la carga probatoria a que se refiere el artículo 2del Código Tributario.

No obstante lo anterior asevera el recurrente que del mérito del proceso fluye claramente que el juez Tributario no hizo lugar a la reclamación por cuanto no se habían dado las exigencias del artículo 23 N° 5 del D.L. N° 825, lo que fue confirmado por la sentencia de segundo grado, en circunstancias que como se dijo, jamás fueron objeto de la controversia y lo que es más grave aún, tanto la sentencia de primera instancia como la de segunda, no ponderaron de manera alguna las probanzas aportadas por esa parte, esto ya que el Servicio de Impuestos Internos, asegura que todas las operaciones cuestionadas fueron acreditadas con la prueba rendida por esa parte.

Tercero: Que como segundo error de derecho, la recurrente invoca que ha existido una errónea aplicación del artículo 30 de la Ley de Impuesto a la Renta o D.L. N° 824 , toda vez que se aplicaron causales de rechazo del costo no previstas en la referida disposición legal, sino que aplicaron extensivamente las causales de privación de crédito fiscal previstas en el artículo 23 N° 5 del D.L. N° 825, lo que constituye grave error de derecho.

Agrega que el artículo 30 de la Ley de la Renta establece claramente como se determina el costo, que en el caso de las mercaderías adquiridas por factura y las operaciones, se encuentra acreditadas, por lo que no procede rechazo de las facturas cuestionadas para los efectos del impuesto a la renta de primera categoría, ni puede rechazarse el costo de las operaciones en relación al impuesto de primera categoría, ya que las causales son de derecho estricto y por lo tanto no pueden aplicarse extensivamente.

Cuarto: Que como tercer error de derecho, la recurrente plantea que ha existido una errónea aplicación del artículo 2en relación con el artículo 33 N° letra g ) y el artículo 54 de la Ley de Impuesto a la Renta o Decreto Ley N° 824 ya que estando acreditado el costo, no existe un retiro ficto que pueda ser gravado con el impuesto global complementario, así los argumentos vertidos por el recurrente son los mismos que invocó al denunciar el segundo error de derecho, pues los deriva del rechazo del costo, de acuerdo a lo resuelto por el Servicio de Impuestos Internos.