C/ Oscar Andres Schawartzman Piacentini. QTE.: Servicio de Impuestos Internos.

En estos antecedentes rol N° 2604-2005 instruidos ante el 8º Juzgado del Crimen de Santiago, por sentencia de veinticuatro de diciembre de dos mil doce, escrita a fs. 699 y siguientes, pronunciada en el tomo signado B, se condenó a Oscar Andrés Schwartzman Piacentini como autor del delito tributario sancionado en el artículo 97 N° 4 inciso 2º del código del ramo, cometido entre los años 1997 y 2001, a cumplir la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos mientras dure la condena, además de la obligación de pagar una multa del 100% de lo defraudado y las costas del proceso. Se le concedió el beneficio de la libertad vigilada.

A su turno, en el tomo signado A, se condenó al mencionado Schwartzman Piacentini por su responsabilidad como autor de los delitos sancionados en el artículo 97 N° 4 incisos 2º y 3º del Código Tributario, cometidos entre los años 2000 y 2008, a cumplir la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos mientras dure la condena, además de la obligación de pagar una multa del 100% de lo defraudado y las costas del proceso. Se le concedió también el beneficio de la libertad vigilada.

Apeladas que fueron las mencionadas sentencias, una Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de nueve de julio de dos mil trece, escrita fs. 778 y siguientes, confirmó ambas decisiones, con costas del recurso, elevando a cuatro años de presidio menor en su grado máximo cada una de las penas corporales impuestas, manteniendo el beneficio reconocido al acusado.

Contra este último fallo, tanto la defensa del condenado como el representante del Servicio de Impuestos Internos dedujeron recursos de casación en el fondo, los que se trajeron en relación por decreto de fs. 821.

PRIMERO: Que por el recurso formalizado por la defensa del condenado se han invocado las causales primera y séptima del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, denunciándose infracción a los artículos 456 bis del mismo cuerpo normativo y al artículo 15 del Código Penal.

Afirma la defensa que el vicio se produjo porque se tuvo por acreditada la autoría del imputado a partir de un medio de prueba único que nunca existió en el proceso, cual es, un mandato de administración general.

Explica, que en el proceso signado con la letra B, no existe una adecuada ponderación de la prueba en relación a los presupuestos fácticos que son datos obligados para decidir acerca de la participación criminal, por lo que existe tan solo una mera apariencia de tenerse por establecida la intervención del acusado, desde que el juicio de condena está apoyado en la existencia de un mandato de administración general que no consta en el proceso y que resulta ser el único antecedente para tal efecto.