Tesoreria General de la Republica con Empresa Constructora Luengo y Morales LTDA.

En los antecedentes Rol 6240-2012 del Primer Juzgado Civil de Concepción, el Servicio de Tesorerías de Concepción solicitó pronunciamiento a la justicia ordinaria respecto de la excepción de prescripción opuesta a la ejecución por el demandado, desestimándose por sentencia de primera instancia dicha defensa y ordenándose seguir adelante con la ejecución, con costas.

Conociendo de la apelación deducida por el ejecutado, una sala de la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó dicho fallo por sentencia de treinta de diciembre de dos mil trece, decisión contra la cual el abogado don Jorge Montecinos Araya, en representación de la Empresa Constructora Luengo y Morales Ltda., deduce recurso de casación en el fondo en lo principal de fojas 74, ordenándose traer los autos en relación, tal como se lee a fs. 91.

Primero: Que por el recurso se denuncia un error de derecho en la aplicación de los artículos 24 , 177 N°2 , 200 y 201 del Código Tributario; en relación con los artículos 2492 , 2497 , 2503 , 2509 , 2514 , 2518 , 2521 y 2523 del Código Civil.

Sostiene que dicho error se produjo por no aplicar el inciso tercero y final del artículo 201, en relación con el artículo 24 del Código Tributario al caso de autos. De dichos preceptos colige que, interrumpida la prescripción por la emisión de una liquidación o giro, empezará a correr un nuevo término de tres años que sólo se interrumpe por obligación escrita o requerimiento judicial.

Agrega que tal lapso se suspenderá cuando el servicio esté impedido de girar los impuestos, suspensión que sólo pudo computarse hasta la dictación de la sentencia de primera instancia de once de junio de dos mil cuatro, fecha desde la cual debió entenderse reanudado el plazo de prescripción porque el artículo 24 del Código Tributario sólo requiere el pronunciamiento de sentencia de primera instancia. Asevera que los jueces del fondo desconocen que una vez pronunciada la sentencia de primer grado se reanuda el cómputo, por lo que la exigencia de sentencia ejecutoriada es errónea.

Como segundo error de derecho denuncia la vulneración del artículo 201 del Código Tributario, ya que una vez interrumpida la prescripción, el nuevo plazo sólo podrá interrumpirse por reconocimiento u obligación escrita o requerimiento judicial. El propio legislador veda la posibilidad de volver a interrumpir la prescripción.

Alega finalmente error de derecho en la aplicación de las normas del Código Civil mencionadas en el epígrafe al desecharse la excepción de prescripción, porque la notificación del giro no tiene el efecto de interrumpirla, de manera que no obstaculiza la extinción de la pretensión fiscal por el transcurso del tiempo. Por ello, la notificación de la nómina y requerimiento de pago no tienen efecto alguno porque ya había operado la prescripción. Añade que al exigirse por los sentenciadores del fondo que la sentencia que falla el reclamo esté firme, se impone a la prescripción un requisito que la ley no contempla, lo que atenta contra el carácter excepcionalísimo de la suspensión, conforme con el artículo 2497 del Código Civil, ya que en principio es improcedente conforme con el artículo 2523 del mismo cuerpo legal.