Sociedad Agricola Ganadera y Forestal Criadero Freire LTDA. con Servicio de Impuestos Internos

En estos autos rol 6162-2012 de esta Corte Suprema, sobre procedimiento general de reclamación de liquidaciones tributarias iniciado por la contribuyente, Sociedad Agrícola Ganadera y Forestal Criadero Freire Ltda., el Servicio de Impuestos Internos dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco que revocó el fallo de primer grado, en cuanto negaba lugar al reclamo, declarando en su lugar que éste queda acogido, debiendo el demandado devolver a la contribuyente la suma de $22.472.151.- debidamente reajustada, sin costas, por haber tenido la demandada motivo plausible para litigar.

A fojas 195 se trajeron los autos en relación.

Primero: Que por el recurso se denuncia, como primer capítulo, la infracción al artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta , en sus incisos 1 ° y 3 °, señalando que la sentencia atacada acogió el reclamo deducido, reconociendo como gasto la pérdida tributaria declarada por la contribuyente en su formulario 22, sin que se demostrara la concurrencia de los requisitos esenciales que ésta debe cumplir, de acuerdo a tal norma, esto es, que los gastos imputados a la renta bruta sean necesarios para producir la renta, que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30 de la ley, que se encuentren pagados o adeudados durante el ejercicio comercial correspondiente y que hayan sido acreditados en forma fehaciente.

En la causa esto fue lo debatido, además de la existencia de los créditos por concepto de impuesto de 1ª categoría que se invocaron en la declaración de impuesto; en el hecho, el contribuyente intentó acreditar el primer concepto mediante prueba documental, la que fue considerada insuficiente, en razón de que faltaron antecedentes que respaldaran las anotaciones contables y nada se demostró respecto de la pérdida de arrastre proveniente del año 1991, que ascendía a $2.575.356.188.-, conforme se señala en el motivo 5º de la respectiva sentencia Sin embargo, el tribunal de segundo grado señaló que como el contribuyente había aportado la totalidad de la contabilidad y su sustento documental en tal instancia había superado el estándar probatorio determinado en el punto de prueba fijado por el a quo, en tanto se le ordenó acreditar la existencia de la pérdida de arrastre que proviene desde 1991, indicando que ninguna exigencia se impuso en tal resolución a la demandante respecto a la acreditación de la razonabilidad y necesariedad del gasto invocado, lo que es improcedente, ya que la ley establece los requisitos que debe cumplir dicho concepto para que pueda ser rebajado de los ingresos brutos al determinar la renta líquida imponible. Sostiene que en estos casos no basta sólo con acompañar los asientos contables y los documentos en que ellos se fundan, sino que tal documentación debe ser analizada a efectos de establecer si cumple o no con las formalidades exigidas por el legislador en el artículo 31, exigencias que van más allá de lo que demande un punto de prueba fijado por un tribunal, ya que son requerimientos establecidos por la ley para los contribuyentes que quieren hacer uso de un beneficio o rebaja en la determinación de la base imponible de su impuesto a la renta.

El punto de prueba fijado en autos exigió acreditar la efectividad de los créditos que se invocaron y de la pérdida tributaria imputada como gasto. Y esto último supone que cada una de las partidas que la integran debe cumplir con los requisitos del artículo 31. Sostener lo contrario, implicaría asimilar pérdida tributaria a resultado financiero. Por todo lo expuesto, se ha acogido la demanda de autos, prescindiendo de los requisitos de la norma mencionada y que todo contribuyente debe satisfacer cuando invoque un gasto, categoría a la que pertenece la pérdida de un ejercicio anterior, conforme el artículo 31 inciso 3 Nº 3 , inciso 2º, por lo que tales exigencias le son aplicables.

En cuanto a la infracción del artículo 132 inciso 14 del DL 830, esta norma impone a los Tribunales Tributarios y Aduaneros y a quienes revisen sus decisiones, expresar las razones jurídicas, lógicas, científicas o de experiencia por las cuales se les asigna o no valor a las probanzas rendidas en juicio. Si no se obedecen tales requisitos, sea porque no se emite una sentencia motivada, o porque en el asentamiento de los hechos no se respeta la lógica o razonabilidad de las probanzas, se comete una infracción de ley que es posible de ser conocida por un tribunal de casación. En este caso, la sentencia atacada dirime la litis omitiendo toda mención al análisis material de los medios probatorios aportados por la reclamante en segunda instancia, ya que sus referencias a ellos no lo constituyen.

Termina señalando que de no cometerse los errores denunciados, la sentencia de primer grado no habría sido revocada, ya que el contribuyente no demostró la pérdida tributaria invocada con todas las formalidades exigidas por el legislador, se habría efectuado un análisis en orden a verificar que los gastos invocados cumplieran los requisitos impuestos por la ley, dando razones suficientes para sustentar lo decidido, por lo que solicita se acoja el recurso, se anule la sentencia atacada y en la de reemplazo que se dicte, se confirme lo resuelto por el tribunal de primera instancia.