C/manuel Luis Larrain JARA. QTE.: Servicio de Impuestos Internos.

En estos antecedentes rol N° 1047-2004 seguidos ante el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, por sentencia de primera instancia de once de junio de dos mil siete, escrita a fs. 619 y siguientes, se absolvió al acusado Manuel Larraín Jara del cargo que se le imputó de ser autor del delito contemplado en el artículo 97 N° 4 inciso segundo del Código Tributario.

Apelada que fue la mencionada sentencia por el representante del Servicio de Impuestos Internos, la Sra. Fiscal Judicial, en su dictamen de fs. 683, sugirió su revocación por estimar que se encontraba establecido tanto el hecho como la participación del acusado, indicando la sanción que le parecía adecuado imponerle.

A fs. 838 y siguientes, con fecha dieciocho de junio de dos mil trece, una Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la mencionada sentencia y en su lugar, condenó al imputado Manuel Larraín Jara por su responsabilidad de autor en el delito que contempla el artículo 97 N° 4 inciso segundo del Código Tributario, en calidad de reiterado, cometido entre junio de 1999 y abril de 2002 a cumplir la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo con las accesorias pertinentes y a pagar una multa del 100% de lo defraudado, otorgándosele el beneficio de la libertad vigilada.

Contra esta última resolución, la defensa del acusado dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo, los que se trajeron en relación por decreto de fs. 876.

PRIMERO: Que por el recurso de casación en la forma instaurado, se ha invocado la causal novena del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, denunciándose infracción al artículo 500 N° 4 de ese mismo cuerpo normativo, porque estima la defensa, que el fallo carece de consideraciones en relación a las alegaciones de la defensa sobre la prueba documental adjuntada para demostrar la inocencia del condenado, a lo que se refirieron los jueces en el motivo décimo noveno, pero sin cumplir con el mandato legal.

Explica que la Corte se limitó a decir que es posible concluir como presunción grave que la denuncia de pérdida de documentación es posterior al requerimiento del Servicio de Impuestos Internos, pero en parte alguna señala cuáles son los antecedentes que permiten arribar a esa presunción grave, por lo tanto no es más que una afirmación.

También se aduce en el fallo que no basta con la copia simple de los documentos, sino que ellos debían ser originales, cuestión que tampoco resulta suficiente para desechar las defensas sobre todo si en la misma sentencia -considerando décimo cuarto- se admitió que no se impugnó la prueba documental.