Comercio e INV. STA. Isabel S.A. con Servicio de Impuestos Internos

En estos autos ingreso 10.610-1.621-2010 de la VI Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos de Rancagua, rol N° 6695-11 de esta Corte Suprema, se notificó la denuncia dirigida contra el contribuyente Comercio e Inversiones Santa Isabel S.A., imputándosele infracción al artículo 97 N ° 16 inciso 1 del Código Tributario, consistente en la pérdida de facturas de ventas Nros. 116 al 122, guías de despacho Nros. 701 a 800 y boletas de ventas y servicios Nros. 01 a 1500.

Evacuado el trámite de los descargos del contribuyente denunciado, por sentencia que rola a fs. 43 se rechazó su reclamo, confirmándose el Acta de Denuncia N ° 25048089, de 2 de octubre de 2010, aplicándose a la sociedad denunciada una multa de $ 4.517.160, equivalente a 120 unidades tributarias mensuales vigentes al mes de enero de 2011.

En contra de esta sentencia la sociedad reclamante dedujo recurso de apelación y el tribunal de alzada de Rancagua, por sentencia de fs. 74, la confirmó íntegramente.

En contra de esta última decisión la contribuyente dedujo recurso de casación en el fondo, el que se ordenó traer en relación por decreto de fojas 92.

PRIMERO: Que según expresa el compareciente, la sentencia de alzada infringió las leyes reguladoras de la prueba al negarle la posibilidad de acreditar la calidad de fortuita de la pérdida de la documentación tributaria, pues de conformidad a lo que dispone el artículo 21 del Código de la especialidad, el Servicio de Impuestos Internos no puede prescindir de las declaraciones y antecedentes presentados o producidos por el contribuyente a menos que no sean fidedignos. Es decir, si como en la especie, se acompañó documentación en el contexto de un reclamo y el juez de la causa no la rechazó ni la estimó no fidedigna, estaba obligado a considerarla al momento de dictar sentencia y apreciarla en el mismo sentido que lo hizo el contribuyente en sus escritos, con el fin de acreditar la efectividad material de sus aseveraciones, sin perjuicio que, en la etapa probatoria, podía exigirle mayores probanzas.

Expresa que acompañó toda la documentación que respaldaba la pérdida por robo, en particular la denuncia de los hechos al Ministerio Público el 26 de agosto de 2010, antecedentes que el tribunal no objetó ni sometió la causa a prueba a efectos de discutir si la pérdida fue fortuita o negligente, de manera que sólo cabía tener por acreditada la existencia del ilícito que ocasionó la pérdida, cuestión que en definitiva no aconteció, pues el tribunal interpretó contra derecho el artículo 21 del Código Tributario, afectando gravemente el onus probandi y las normas reguladoras de la prueba, impidiéndole acreditar por cualquier otro medio la calidad de fortuita de la pérdida de la documentación.

Considera infringido el artículo 97 N° 16 del Código Tributario pues se habría establecido una presunción de culpabilidad en el accionar de la sociedad en circunstancias que de acuerdo a la ley ésta sólo opera cuando la pérdida no ha sido denunciada con anterioridad a algún requerimiento de fiscalización, lo que no ocurrió, de modo que en los casos como el de autos en que la propia contribuyente da aviso de pérdida, es la autoridad administrativa quien debe probar la culpabilidad, y si no lo hace, debe eximir de responsabilidad al contribuyente.