Villarreal Aviles Mariano con Tesoreria General de la Republica.

todas sus partes la demanda de fojas 1, con costas.

A fojas 146 se trajeron los autos en relación.

Primero: Que la parte demandante, en su libelo de nulidad sustancial denuncia la infracción a los artículos 200 y 201 del Código Tributario en relación al 2518 del Código Civil; artículos 2521 , 2523 y 2515 del código sustantivo; leyes reguladoras de la prueba; y Circulares del Servicio de Impuestos Internos N° 73 del año 2001 y N° 51 del año 2005.

Expresa que la sentencia realiza una errónea interpretación del artículo 201 del código del ramo en relación al artículo 2518 del Código Civil, determinando un sentido y alcance de la norma diverso al generalmente aceptado, al exigir un pago estando la acción de cobro prescrita y cumplido el término de tres años que señala la ley. Como consecuencia de lo anterior, la demandante tendría una obligación vigente y actualmente exigible por deudas que figuran en el sistema de Tesorería, y por otra parte, las normas del artículo 201 del Código Tributario y 2521 y 2523 del Código Civil señalan que el Fisco no tiene facultades para accionar y exigir el pago luego de transcurrido el referido término, estableciendo un límite de tiempo para cobrar los impuestos adeudados.

Agrega el recurrente, que si bien el artículo 201 del Código Tributario en su N° 3, no señala expresamente cuál es el plazo de duración de la interrupción de la prescripción en ese caso, se debe recurrir a lo dispuesto en el artículo 2 del ordenamiento legal citado y no al artículo 2518 del Código Civil; de modo que corresponde aplicar lo previsto en los artículos 2521 , 2523 y 2515 de este cuerpo de leyes, conforme a los cuales, entre la fecha de notificación y requerimiento de pago del año 2005 hasta la de interposición de la demanda civil ordinaria del año 2009, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción de la acción ejecutiva.

En razón de ello, estima vulneradas las normas de procedimiento y las garantías fundamentales del debido proceso e iguadad ante la ley.

Segundo: Que, prosigue el recurso, la vulneración a las leyes reguladoras de la prueba se comete al otorgar pleno mérito a la notificación de la resolución administrativa que rechazó la supuesta excepción de prescripción, sin considerar que emanaba de juez y parte en el proceso administrativo-judicial y que el fallo era extemporáneo; motivo por el cual, tratándose del rechazo administrativo de una solicitud de prescripción y no de un requerimiento de pago o de la notificación de una demanda válidamente notificada, no produce interrupción civil de la prescripción, careciendo el juez tesorero de las facultades para declararla administrativamente.

Sostiene que la sentencia impugnada no se centró en sus alegaciones referidas a que bastaba con efectuar cálculos aritméticos para declarar la prescripción, dado que se exigió el cobro de los tributos el 20 de abril de 2004, prescribiendo su cobro en abril de 2007; y que, de estimarse que el cómputo debe hacerse desde el requermiento de pago, el 19 de diciembre de 2005, igualmente la deuda venció en diciembre de 2008.