Tomas Maximiliano Nuñez Guzman con Servicio de Impuestos Internos

En estos autos rol 6977-2008, el contribuyente Tomás Maximiliano Núñez Guzmán dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Arica que confirmó la de primera instancia que rechazó el reclamo que dedujo respecto de las liquidaciones 254 a 266 y 268 a 304 de 29 de octubre de 2002. La sentencia además ordenó la modificación de la liquidación 267.

PRIMERO: Que el recurso de casación en el fondo se funda en que la sentencia de segundo grado, al confirmar la de primera instancia, infringió los artículos 17 inciso 2 ° , 25 , 34 , 59 , 136 y 200 del Código Tributario . La trasgresión normativa así enunciada se habría configurado según se afirma en el respectivo libelo, en la calificación como manifiestamente falsa de la declaración que presentó su parte, toda vez que dicha calificación debe eman ar de unprocedimiento sancionatorio o uno criminal, por lo que ?afirma- el Director Regional no puede en un proceso de reclamación tributaria declarar por sí solo que una declaración de impuesto es maliciosa. Ello es privativo del Juez del Crimen. Tal situación importa que se aumentara indebidamente el plazo de la fiscalización de tres a seis años.

SEGUNDO: Que, asimismo, se reprocha la infracción de los artículos 427 del Código de Procedimiento Civil en relación con el artículo 86 del Código del Tributario y el artículo 426 inciso 2 ° del Código de Procedimiento Civil; artículos 408 y 425 de este último cuerpo legal, a los que les da el carácter de normas reguladores de la prueba. Afirma en el recurso que la carga de la prueba en el caso de la prescripción de la acción de cobro que contempla el artículo 200 del Código Tributario es del Servicio de Impuestos Internos . A dicho Servicio le corresponde acreditar la falsedad y lo malicioso de las declaraciones, el conocimiento que su parte tenía de la falsedad de los documentos.

Luego se refiere a los dichos de Ernesto Gallardo ? que en declaración jurada prestada ante un fiscalizador del servicio señaló que le vendía IVA al actor - y sostiene que éstos no pueden considerarse como prueba testimonial porque no declaró en la causa. Tampoco confesión porque no es parte, ni como prueba documental porque no fue ratificada en autos, ni como presunción porque su parte acompañó el testimonio judicial prestado por esta persona en la causa criminal, en la que sostuvo que los trabajos fueron ejecutados y están terminados.

De manera entonces que incurre en error de derecho el tribunal al otorgarle valor probatorio a su declaración. Refiriéndose a las otras pruebas en que se basa la sentencia para determinar que la declaración por él presentada es manifiestamente falsa, argumenta que dichas probanzas no acreditan que su parte tuviera conocimiento de la falsedad. En cuanto a la infracción al artículo 408 del Código de Procedimientos Civil el recurso argumenta que en el acta de la Inspección Personal del Tribunal que se realizó en esta causa se dejó constancia de la efectividad material de las obras que se consignan en las facturas, por lo que tales hechos constituyen plena prueba. Por último, respecto de la violación al artícul o 425 de dicho Código, que también acusa, alega que la Corte de Apelaciones no consideró el informe pericial emitido en la causa criminal, informe que es concluyente en cuanto a que las obras contenidas en las facturas no fueron sub valoradas, omitió pronunciamiento a su respecto.

TERCERO: Que la casación en el fondo denuncia también la trasgresión del artículo 23 N° 5 del Decreto Ley N° 825, argumentando que para la aplicación de este artículo el Servicio debe acreditar previamente la falsedad de las facturas. Sin embargo en este caso se aplicó sin que fuera acreditada tal circunstancia;

CUARTO: Que, finalmente, denuncia la infracción a la Ley 18.320, al no hacerla aplicable a este caso fundado en que el D irector del Servicio interpuso querella por delito tributario el 13 de febrero de 2002. Explica que las liquidaciones de autos tienen su origen en la notificación efectuada el 14 de diciembre de 2001, fecha en que no estaba establecida ninguna de las causales de exclusión de esta ley, ya que no estaba a esa fecha establecida la existencia de facturas falsas. Sin embargo las notificaciones que precedieron a la primera no fueron realizadas de acuerdo a esa ley, de manera que las notificaciones y citaciones adolecen de vicio de nulidad.