Agricola Comercial, Servicios e Inversiones Lainca LTDA. con Servicio de Impuestos Internos Region L.G.B. O'higgins.

En estos autos rol ingreso Nº 70603-2016 de esta Corte Suprema, referidos a un procedimiento de reclamación de liquidaciones tributarias iniciado por Manuel Arriaga en representación de Agrícola, Comercial, Servicios e Inversiones Lainca Ltda., el abogado de dicho contribuyente señor Jorge Ormazábal Leiva dedujo recurso de casación en el fondo contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua que confirmó el fallo de primer grado, en cuanto negó el reclamo presentado y confirmó la liquidación N°16 de 24 de julio de 2014.

A fojas 264 se trajeron los autos en relación.

PRIMERO: Que el recurso denuncia cuatro capítulos de infracciones de ley cometidas en la sentencia que impugna, el primero referido al resolver el incidente de inadmisibilidad probatoria; el segundo correspondiente a infracciones de ley en la aplicación de las reglas de la sana crítica; el tercero relativo a lo que denomina concreción de la infracción denunciada respecto a valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica y, como cuarto y último capítulo de infracción de ley, el no admitir que se dio cumplimiento a todos los requisitos para que el gasto por intereses y reajustes en moneda extranjera sea aceptado y rebajado legalmente de la renta líquida imponible.

SEGUNDO: Que en relación al primer capítulo, el recurrente menciona que el fallo impugnado comete varios errores de derecho en la aplicación del artículo 132 inciso undécimo del Código Tributario, los que concluyen con la declaración de inadmisibilidad de los documentos presentados en segunda instancia.

El primer error está en la infracción al artículo 707 del Código Civil, pues el fallo impugnado sostiene que la norma tributaria ya aludida, según su historia fidedigna, buscó atacar la conducta de litigantes de mala fe, pero de los antecedentes de la causa, no existe prueba alguna de esa mala fa, la que no se presume y, por lo tanto, debe probarla quien la alega, pues el propósito del legislador fue sancionar a los malos contribuyentes, los que obran al margen de las buenas prácticas y no a quienes actúan en forma tardía o descuidada.

Indica que de seguirse el criterio que por el mero hecho de no aportar toda la prueba en sede administrativa, se incurre en una presunción de mala fe, se llegaría a la realidad que un gran porcentaje de administrados estaría en tal condición.

Señala que su actuar fue de buena fe, pues presentó en sede administrativa toda la documentación de la que disponía en ese momento, incluso hay constancia de recepción de ella por parte del Servicio de Impuestos Internos.