C/ Rafael Valdes Valdes. Qte:fisco de CHILE. Es Parte: Fiscalia.

En los autos Rol Nº 1.212-1999 del Segundo Juzgado del Crimen de Talca, por sentencia de diecisiete de agosto de dos mil doce, escrita de fojas 1293 a 1326, se condenó a Rafael del Carmen Valdés Valdés como autor de dos delitos tributarios del artículo 97 N° 4 inciso segundo del Código Tributario, a sendas penas de 541 días de presidio menor en su grado medio, dos multas ascendentes al 50% de lo defraudado, accesorias de suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa; y se impuso a Manuel Antonio Toledo Gutiérrez, como cómplice de los mismos delitos, dos penas de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, dos multas del 25% de lo defraudado, accesorias de suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena y el pago de las costas. Remite condicionalmente la pena a ambos acusados y acoge la demanda civil intentada en su contra, condenándolos solidariamente al pago de la suma de $6.458.081.- al Fisco de Chile, con costas.

Conociendo de la apelación deducida por el Servicio de Impuestos Internos y los acusados, la Corte de Apelaciones de Talca, por fallo de dieciséis de enero de dos mil catorce, confirmó la sentencia de primer grado con declaración que la suma a pagar por los demandados civiles al Fisco de Chile devengará intereses corrientes desde que ésta quede ejecutoriada.

Contra esa sentencia la defensa del condenado Rafael Valdés Valdés dedujo recurso de casación en el fondo, el que se ordenó traer en relación por decreto de fojas 1409.

Primero: Que el recurso de casación en el fondo se asila en la causal quinta del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, en relación con el artículo 434 inciso segundo del mismo código . Denuncia el arbitrio la infracción del artículo 96 del Código Penal, ya que se alegó en tiempo y forma la excepción de prescripción de la acción penal tanto en primera como en segunda instancia, pretensión que fue desechada. Para ello, los sentenciadores concluyeron que la suspensión de la prescripción operó cuando se formuló la denuncia, en el mes de julio de 1999, entendiendo que desde entonces el proceso se dirigió contra el delincuente. Con este planteamiento, sostiene, jamás podría configurarse la prescripción de la acción penal ya que no se daría lugar al inicio de su curso, desde que por lo general la denuncia es simultánea con la ocurrencia material de los hechos.

Estima, de contrario a lo indicado por los sentenciadores, que el proceso se dirigió contra el investigado desde que el auto de procesamiento de diecinueve de febrero de 2009 le fue notificado en el curso del año 2011, adquiriendo sólo entonces la calidad de procesado y parte en el juicio; de lo que concluye que el tiempo transcurrido entre los años 1998 y 1999 en que fueron perpetrados los delitos y la notificación del auto de procesamiento excede con creces el período de diez años para que opere la prescripción. Afirma que este error de derecho tuvo influencia sustancial en lo dispositivo de la sentencia desde que, de no haberse incurrido en éste, se habría revocado el fallo, decretándose la prescripción de la acción penal y la consecuente absolución del acusado. Por ello pide que se invalide el fallo y se dicte uno de reemplazo que revoque la sentencia de primer grado y declare que se acoge la excepción de prescripción y se absuelva a su defendido, con costas.

Segundo: Que la sentencia de segunda instancia indica en su considerando quinto, en lo que interesa al recurso, que la prescripción de la acción penal se suspende desde que el procedimiento se dirige en contra del delincuente, lo que ocurrió con la denuncia de julio de 1999, agregando que este hecho respecto del cual hubo querella del Fisco de veinticuatro de enero de 2001, tiene asignada pena de crimen, por lo que no hace lugar a la alegación.

El fallo de primer grado, a su turno, se refiere en su motivo décimo a la media prescripción, pretensión que rechaza señalando que los hechos materia de autos ocurrieron entre los años 1998 y 1999, comenzando entonces a correr el plazo de cinco años de prescripción de las acciones penales, lapso que fue suspendido al iniciarse el proceso en el mes de julio de 1999, no constando la paralización por tres años o más como para estimar que no se hubiese suspendido.