Santa Victoria S.A. con Servicio de Impuestos Internos

números 871 a 913 de 29 de agosto de 1996 por diferencias de Impuesto a la Renta correspondiente a los años tributarios 1993, 1994, 1995 y 1996, Reintegro de Impuesto a la Renta por igual período tributario y de Impuesto al Valor Agregado por los meses que en ellas se indican entre los años 1992 a 1995.

Primero: Que, en primer término, se denuncia que la sentencia recurrida ha otorgado valor a un acto administrativo, como son las liquidaciones cuestionadas, afectado por un vicio de nulidad de derecho público al haber sido practicadas sin dar cumplimiento a los requisitos legales necesarios para la validez de estas actuaciones administrativas. Las disposiciones cuya contravención se acusa están contenidas en los artículos 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, 6 letra A ) N° 1 y 125 del Código Tributario , 1462 del Código Civil y 7 letra b ) y 19 letras a ) y b ) de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, todas normas de derecho público, según destaca la reclamante.

Explica que el incumplimiento de los requisitos formales de una liquidación debe ser tratado como infracción de la obligación funcionaria de velar por el apego a ellos, lo que configura un vicio de nulidad sustantiva de la liquidación en cuanto acto administrativo.

En cuanto a las anomalías de que adolecerían las liquidaciones, precisa que éstas consistirían en una discordancia entre la parte descriptiva o de la formulación numérica de cobro y la de su fundamentación legal;

Segundo: Que el segundo grupo de infracciones se refiere a que funcionarios administrativos que no poseen la competencia y atribuciones para practicar liquidaciones que involucren un total de impuestos liquidados superiores a cuatrocientas unidades tributarias anuales notificados en un solo acto al contribuyente -como acontece en la especie- las ejerzan. Señala, en este capítulo, la vulneración de los siguientes preceptos: artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, 6 letra A ) N° 1 del Código Tributario, 7 letras b), c) y j) y 19 letras a) y c) de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos y 61 letra f ) el Estatuto Administrativo en relación con las Resoluciones Exentas N° 968 (11 de marzo de 1992) y N° 331 (16 de julio de 1996), ambas del Director Nacional del mencionado Servicio.

Manifiesta que en virtud de las normas constitucionales aludidas, el Servicio de Impuestos Internos y sus integrantes, como órganos del Estado, para actuar válidamente en el ejercicio de sus facultades administrativas deben hacerlo dentro de la competencia que les sea conferida.

En seguida, indica que conforme a la Ley Orgánica del ente fiscalizador, el Director Nacional está autorizado para delegar en los Subdirectores, Directores Regionales y otros funcionarios la función de resolver determinadas materias o para hacer uso de alguna de sus atribuciones. El ejercicio de esta delegación de facultades legales, continúa el recurso, se realiza mediante la dictación de resoluciones administrativas, de modo que los funcionarios a quienes se les efectúe tal delegación quedarán premunidos de dichas facultades en la forma, condiciones y con las limitaciones que el propio Director Nacional señale en las resoluciones que dicte al efecto. Ello está en concordancia con el artículo 7 letra j ) antes citado en cuanto dispone que el ejercicio de esta delegación será "sin otras limitaciones que las que determine el propio Director".

Es así que con fecha 11 de marzo de 1992 el Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos dictó la Resolución Exenta N° 968, en cuya virtud impartió instrucciones acerca del uso de la facultad que a estos últimos les otorgan los artículos 6 letra B ) N° 7 del Código Tributario y 20 de la mencionada Ley Orgánica del Servicio, en orden a autorizar a funcionarios de su dependencia para ejecutar determinadas materias, entre ellas, la de practicar liquidaciones. En relación a esta última atribución, se les instruyó que podrá ser ejercida por los delegados sólo cuando el total de los impuestos liquidados, incluidos sus reajustes y notificados en un solo acto a un contribuyente, no excedan de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, porque en este caso la liquidación deberá ser practicada por el Director Regional respectivo. Añade que esta instrucción fue ratificada mediante Resolución Exenta N° 3311, de 16 de julio de 1996, dictada por el mismo Director Nacional.