Ramon Prieto Tres Palacios con Servicio de Impuestos Internos

En estos autos rol 734-2012 de esta Corte Suprema, sobre procedimiento de reclamación de giros emitidos por diferencia de impuesto territorial iniciado por el contribuyente don Ramón Prieto Trespalacios, se dictó sentencia de primer grado el doce de junio de dos mil doce, que rola a fojas 42 y siguientes, en virtud de la cual se hizo lugar en parte al reclamo. Esta decisión fue recurrida de apelación por el contribuyente ya mencionado, a fojas 50 y confirmada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso con fecha veinticuatro de diciembre de dos mil doce, según se lee a fojas 88.

A fojas 89 y siguientes, la defensa de don Ramón Prieto Trespalacios dedujo recurso de casación en la forma y en el fondo respecto de la sentencia de segundo grado, siendo declarado inadmisible el primero de ellos, y ordenado traer en relación el segundo, por resolución de fojas 125.

PRIMERO: Que, por este recurso, se señala que en el año 2005 el Servicio de Impuestos Internos efectuó una tasación general de los predios raíces no agrícolas, determinando el valor del avalúo de propiedades del contribuyente. Desde esa época, no se ha producido ningún hecho o acto que pueda implicar un alza en el avalúo de la propiedad, sin perjuicio de lo cual el ente fiscal reemplazó la tasación vigente por una nueva y como consecuencia de ello pretende el cobro retroactivo de los impuestos basado en la tasación corregida, lo que importa la diferencia de $2.219.430.

Indica que lo anterior conculca, en primer término, lo dispuesto en los artículos 26 del Código Tributario y 706 y 707 del Código Civil, normas que consagran lo que se conoce en materia tributaria como el principio del precedente, conforme al cual si un contribuyente se acoge de buena fe a la interpretación realizada por el Servicio de Impuestos Internos, éste no puede cobrar un impuesto con efecto retroactivo. En este caso, el ente fiscalizador determinó un avalúo fiscal en el año 2005 y su parte no dudó que se encontraba ajustado a las características del inmueble. Por eso, en esa confianza, durante todos esos períodos efectuó el cumplimiento de su obligación tributaria en la forma, monto y pago que el mismo servicio le indicó.

Por ello, un supuesto error del ente administrativo no puede acarrearle consecuencias perjudiciales, ya que ha actuado de buena fe y en la confianza legítima que la información proporcionada era fidedigna y ajustada a la realidad y normas legales. Las correcciones que el Servicio realice sólo deben regir para el futuro, máxime si la aplicación retroactiva de ellas le causa grave perjuicio.

En segundo lugar, señala que al ratificar los giros impugnados se ha infringido lo establecido en los artículos 13 de la ley 17235 , 52 de la ley 19.880 , 26 del Código Tributario , 52 y 53 del Código Civil , 19 Nº 24 y 26 de la Constitución Política de la República, ya que la primera de estas disposiciones establece que las retasaciones solo tienen efecto desde el día 1 de enero del año siguiente al hecho que determine la modificación o del 1 de enero del año siguiente a aquel en que el servicio constate la causal respectiva. La nueva tasación se hizo el 2011, por lo que debe regir desde el 1 de enero de 2012, pero el Servicio la ha aplicado desde el 1 de enero de 2008, dándole un efecto retroactivo contrario a la norma citada. Esta prohibición está reforzada por el artículo 52 de la ley 19880, que dispone que los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros, supuesto que no concurre en la especie.

Hace presente que los casos de excepción del artículo 13 deben estar debidamente acreditados por el ente fiscalizador, y en autos no existe prueba alguna en tal sentido, por lo que debe aplicarse la regla general, esto es, que el nuevo avalúo rige desde el 1 de enero del año siguiente. Además, conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Tributario, que data del 31 de diciembre de 1974, fecha de la dictación de este cuerpo legal, se puede sostener que el artículo 13 de la ley 17.235, que proviene del antiguo artículo 28 de la misma ley, dictada en el año 1969, ha sido tácitamente derogado, al consagrar la primera de las disposiciones la prohibición de retroactividad en el caso de una actuación de buena fe del contribuyente que se ajusta a las interpretaciones de las leyes tributarias, prohibiendo que un acto administrativo revocatorio tenga efectos retroactivos, lo que se ve ratificado por el artículo 19 , numerales 24 y 26 de la Constitución Política de la República, incorporados al ordenamiento jurídico en el año 1980, con vigencia desde el 11 de marzo de 1981 y el artículo 52 de la ley 19880, dictada en el año 2003.