Maderas San Martin LTDA. con Servicio de Impuestos Internos Es Parte: Consejo de Defensa del Estado.

223 de ese misma fecha, al socio Héctor Alfonso San Martín Zambrano.

Apelada que fue dicha sentencia por el representante de la empresa MADERAS SAN MARTÍN, una sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, por resolución de veintiuno de septiembre de dos mil doce, que se lee a fs. 459, la confirmó, con declaración que los intereses moratorios del artículo 53 del Código Tributario no se devengaron por el periodo de tramitación anulada en el proceso.

Contra esta última decisión, la defensa del contribuyente dedujo recurso de casación en el fondo, el que se trajo en relación por decreto de fs. 495.

PRIMERO: Que por el recurso deducido, se ha esgrimido en primer término, infracción de normas reguladoras de la prueba porque los jueces sostienen que la Sociedad contribuyente no cumplió con las instrucciones del Servicio para establecer la efectividad de las operaciones de que dan cuenta las facturas objetadas por esa repartición pública, de modo que en ese punto se habría probado lo contrario. Sin embargo, en dicho aserto los jueces han asignado a un medio probatorio un valor que la ley no permite; han errado en la determinación del valor probatorio de otro elemento probatorio; y, además, han alterado el peso de la prueba.

Explica que se ha cometido infracción al artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, porque los jueces asignaron mérito a las declaraciones juradas de los proveedores que desconocieron las operaciones realizadas por el recurrente. Sin embargo, al valorar esos elementos, que no son prueba testimonial, los jueces han infringido también los artículos 363 , 320 , 364 , 365 , 366 y 384 del primer código citado.

Afirma que se han presumido hechos a partir de la situación producida por no haber sido ubicados algunos proveedores de madera de la recurrente y, en tanto aquéllos se convirtieron en proveedores irregulares, se ha presumido que la recurrente no cumplió con las instrucciones del Servicio. En esta parte, según el compareciente, se vulnera también el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil, porque se asigna mérito de plena prueba a una sola presunción.

Se infringe también el artículo 21 del Código Tributario, ya que las facturas de la recurrente no han sido declaradas no fidedignas y, sin embargo, se altera el peso de la prueba porque se dice que son falsas porque fueron canceladas con cheques a la orden en lugar de haberlo sido con documento nominativo. Al respecto, aduce el recurrente que antes de imponer al contribuyente la carga de probar la efectividad material de una operación, es preciso acreditar que sus facturas no son fidedignas y sólo en ese caso, el Servicio podría prescindir de su mérito.

Sostiene en consecuencia, que se ha violado el artículo 23 N° 5 del D.L. 825, que niega derecho a crédito fiscal por impuestos recargados o retenidos en facturas no fidedignas o falsas porque en la Circular 93/2001 se definió qué debía entenderse por falsa y contrariamente a lo allí establecido, violándose el artículo 21 del Código Tributario, se exigió al recurrente probar la autenticidad de las operaciones.