C/jaime A. Fuenzalida Gutierrez, Dirce Jara Deramond, Claudio Gajardo Jara, Leonardo Gajardo JARA. QTE.: Servicio de Impuestos Internos

En estos autos Rol N° 63.614-PL, del Undécimo Juzgado del Crimen de San Miguel, por sentencia de veintidós de junio de dos mil diez, escrita de fojas 586 a 592, se absolvió a Jaime Augusto Fuenzalida Guzmán (cuyos verdaderos apellidos son Fuenzalida Gutiérrez), Dirce Inés Jara Deramond, Leonardo Andrés Gajardo Jara y a Claudio Andrés Gajardo Jara, respecto de los cargos que les fueran formulados en la acusación fiscal de fojas 464 y la particular de fojas 467, en cuanto a ser considerados autores de los delitos previstos y sancionados en los numerales 8 ° y 9 ° del artículo 97 del Código Tributario.

Impugnada la anterior decisión mediante el recurso de apelación interpuesto a fojas 596 por el Servicio de Impuestos Internos, y evacuado el informe del Ministerio Público Judicial que rola a fojas 613, una sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, por dictamen de veintinueve de septiembre de dos mil diez, que se lee a fojas 620 y siguientes, la revocó, con declaración que Jaime Augusto Fuenzalida Guzmán (cuyos verdaderos apellidos son Fuenzalida Gutiérrez), Dirce Inés Jara Deramond, Leonardo Andrés Gajardo Jara y a Claudio Andrés Gajardo Jara quedan condenados a sufrir cada uno la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, accesorias legales pertinentes y al pago de una multa equivalente al 30% de una unidad tributaria anual, todo por su participación criminal que en calidad de autores les correspondió en el delito descrito y sancionado en el artículo 97 N° 9 del Código Tributario; otorgándoles, además, el beneficio de la remisión condicional de los castigos impuestos. Asimismo, confirmó el referido fallo de primer grado en lo relativo a la absolución de los cargos formulados en la acusación fiscal de fojas 464.

Contra el anterior pronunciamiento, la defensa de los cuatro sentenciados dedujo un recurso de casación en el fondo sustentado en el artículo 546 , N° 3º , del Código de Procedimiento Penal, como se desprende de fojas 625 a 628.

Declarado admisible el indicado arbitrio, a fojas 634 se ordenó traer los autos en relación.

PRIMERO: Que el recurso deducido se funda únicamente en el ordinal tercero del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, esto es, en que la sentencia califique como delito un hecho que la ley penal no considera como tal, deficiencia que vincula a una errónea interpretación del artículo 97 N° 9 del Código Tributario, la que tuvo influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, denunciando infringida la norma ya anotada.

Sostiene que no es efectivo que baste que el comercio o la industria se desarrolle sin cumplir con las exigencias legales relativas a la declaración y pago de impuestos que graven esa producción o comercio, sino que requiere que dicho ejercicio sea clandestino, lo que no se encontraría acreditado en el proceso, error que llevó a los sentenciadores de alzada a efectuar una aplicación equivocada de la disposición citada, al no ajustarse a su real sentido lo decidido por los jueces del fondo.

SEGUNDO: Que, más adelante, el recurrente destaca que al discutirse el proyecto del Código Tributario, se dejó expresa constancia de que no cabe incluir en el ilícito en cuestión a aquellas personas que carecen del ánimo de clandestinidad, como son los pequeños artesanos que trabajan en sus propios domicilios y que colocan algún letrero visible que anuncia su oficio, que ser ía a su juicio lo acontecido en el caso propuesto, en que los acusados se limitaron a ofrecer servicios de internet en una parte de los inmuebles que se precisan, el que estaba abierto al público de la comuna, repartiendo avisos que publicitaban sus servicios, y que sólo por dejación tardaron alrededor de ocho meses en iniciar de forma reglamentaria esa actividad económica.