Ecolab S.A. con I. Municipalidad de Macul

Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, se ha ordenado dar cuenta del recurso de casación en el fondo interpuesto por la Municipalidad de Macul en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió el reclamo de ilegalidad deducido por la sociedad "Ecolab S.A.", cuyo giro es la fabricación y venta de accesorios de higiene, en contra del Oficio Ordinario N° 3248 de 19 de agosto de 2014 . A través de esta última actuación el referido municipio denegó la solicitud de devolución de las multas que fueron aplicadas a la reclamante de conformidad al artículo 52 de la Ley de Rentas Municipales, equivalente al 50% del valor de la patente anual a pagar, por no dar cumplimiento dentro del plazo legal a lo ordenado en el artículo 25 del citado texto normativo, disponiéndose por el tribunal restituir el monto pagado en exceso previa determinación de la cuantía de la multa dentro de los límites fijados por el artículo 56 de ese mismo cuerpo legal.

El mencionado artículo 25 de la Ley de Rentas Municipales obliga a los contribuyentes de patentes, dentro del mes de mayo de cada año, a presentar en la municipalidad donde tengan su casa matriz una declaración en que se incluya el número total de trabajadores que laboran en cada una de sus sucursales, oficinas, locales o establecimientos.

Segundo: Que la parte recurrente afirmó, en primer término, la improcedencia del reclamo de ilegalidad dada la naturaleza del acto reclamado, pues estima que el oficio ordinario que motiva esta impugnación no reviste el carácter de resolución, razón por la cual no es susceptible del arbitrio previsto en el artículo 151 de la Ley N° 18.695.

Tercero: Que en relación a este primer reproche que se hace consistir en que el reclamo de ilegalidad no se ha dirigido en contra de una resolución municipal, tal como lo exige la letra a) del artículo 151 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, se debe señalar que para sostener la procedencia de los reclamos de ilegalidad en los diferentes casos, no cabe atenerse a la formalidad con que se hace revestir el acto administrativo, sino a su contenido intrínseco, esto es, si tiene carácter resolutivo. Si en dicho acto se está tomando una determinación o se está resolviendo un asunto, como acontece en la especie en que se niega una devolución de multas que se estiman improcedentes por una contribuyente, será reclamable por esta vía, sin importar bajo qué denominación esté contenida dicha decisión.

Cuarto: Que la segunda crítica que plantea el recurso de nulidad es haber desestimado la alegación de extemporaneidad de este reclamo de ilegalidad, aduciendo la Municipalidad que el acto impugnado había sido notificado por carta certificada a la actora con antelación a su notificación personal practicada en dependencias municipales, diligencia que es la que consideraron los jueces para el cómputo del plazo de treinta días que prevé la ley para recurrir en sede administrativa.

A este respecto, tal como quedara establecido en la sentencia cuestionada, el hecho cierto es que la reclamante fue notificada en forma personal con fecha 30 de septiembre de 2014, por lo que el plazo para reclamar ante el alcalde venció el 12 de noviembre de ese año, oportunidad en que efectivamente se reclamó según consta en timbre de recepción municipal. Las guías de despacho acompañadas por la reclamada para demostrar una notificación anterior mediante carta certificada, no dan cuenta ni identifican los documentos que se pretendían notificar ni su entrega, de manera que no es posible tener por acreditado que la reclamante haya tomado conocimiento formal de la actuación impugnada con anterioridad al 30 de septiembre de 2014.

Quinto: Que siendo un hecho no controvertido que la reclamante no presentó la declaración prevista en el artículo 25 de la Ley de Rentas Municipales dentro de los plazos establecidos, los sentenciadores concluyeron que la sanción establecida en el referido artículo 52 sólo era aplicable frente a la omisión de la declaración de capital propio prevista en artículo 24 de la Ley de Rentas Municipales, de modo que el incumplimiento de la obligación establecida en la primera norma le resulta aplicable la sanción dispuesta en el artículo 56 de la mencionada ley, esto es, una multa ascendente a tres unidades tributarias mensuales.