CIA. Astilladora Concepcion LTDA. con Servicio de Impuestos Internos**

En estos autos Rol Nº 8417-2009, juicio de reclamación de liquidaciones, la parte reclamante ha interpuesto recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que confirmó el fallo dictado por el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos de esa ciudad que rechazó la reclamación deducida contra las liquidaciones 94 y 96.

I.- EN CUANTO AL RECURSO DE CASACION EN EL FONDO.

PRIMERO: Que el recurso en estudio denuncia la infracción de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, 125 , 200 , 24 inciso segundo y 20inciso 3 ° y final del Código Tributario; 3 , 19 y 2520 del Código Civil.

En cuanto a la infracción de los artículos 6 y 7 de la Constitución Política del Estado y 125 del Código Tributario, denuncia el recurrente que el análisis efectuado en la sentencia es errado, el reclamo no pudo ni puede producir su normal efecto, que es el de suspender el curso de la prescripción a favor del Fisco . La impugnación del contribuyente a la liquidación tributaria no cumplió con los requ isitos de fondo que son esenciales para producir los efectos que señala la ley. Se incurre en una aplicación errónea de la ley al dar validez a un acto que se ha presentado ante un órgano ni siquiera incompetente sino derecha e indiscutiblemente inconstitucional o inexistente. Que esta alegación la hizo suya la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción que declaró la nulidad de lo obrado por el juez delegado ordenando una nueva tramitación ante juez competente. Recién a partir de ello el Servicio procedió a tramitar el reclamo válidamente, quedando el contribuyente en condiciones de oponer la excepción de prescripción, sobre todo cuando en la especie han trascurrido más de 10 años dentro del cual el Fisco pudo cobrar.

Concluye que el error de derecho se produce porque la sentencia recurrida establece que basta la mera interposición del reclamo para suspender la prescripción de la acción de cobro, con independencia de que haya sido presentado ante un órgano que carecía de jurisdicción.

SEGUNDO: Que a continuación el libelo de nulidad denuncia la infracción a los artículos 200 y 20inciso tercero en relación con el inciso segundo del artículo 24 del mismo cuerpo legal . Arguye que el reclamo presentado ante un juez que carece de jurisdicción no es válido, por lo que transcurrido el plazo de 60 días desde la notificación de la liquidación, en ausencia de reclamo, comienza a correr un nuevo término de prescripción de tres años. La declaración de nulidad pronunciada en estos autos importa el que no se haya formulado reclamo. De ese modo el Fisco debió girar el impuesto y al no hacerlo dentro de ese nuevo plazo de tres años la acción de cobro se transforma en obligación natural.

TERCERO: Que finalmente el recurso también se fundamenta en la infracción de los artículos 3 , 19 y 2520 del Código Civil, pues debió haberse hecho lugar a la prescripción extintiva extraordinaria de 10 años una vez transcurrido más de 10 años a contar de los giros de los años 1996 y 1998. Reclama de ese modo la aplicación al derecho tributario de las normas y principios de la prescripción y suspensión del Código Civil. En apoyo de su alegación invoca lo resuelto por la Iltma Corte de Apelaciones de Temuco en causa rol 602-2008. En estas circunstancias, en presen cia de la declaración de nulidad de derecho público de todo lo obrado pronunciada en la reclamación tributaria, los primeros giros que datan de 1996 son nulos y también lo son los del año 1998, que además tienen 12 años de prescripción. Hace presente lo que argumentan los profesores Ugalde Prieto y García Escobar, en obra citada, donde reclaman que no resulta posible que los contribuyentes soporten los recargos que implican juicios postergados por más de una década a consecuencia de la creación de un sistema de tribunales tributarios delegados al margen de las normas constitucionales, pues dicha decisión no es responsabilidad de los contribuyentes sino del Fisco . Fundamento de lo anterior es el artículo 3 de la Constitución Política de la República y el Pacto de San José de Costa Rica .